La historia reciente de Air-e suma un nuevo capítulo. Este 14 de mayo, casi cuatro meses después de la salida en enero de Nelson Javier Vásquez Torres, el Gobierno nacional designó a Jaime Humberto Mesa Buitrago como nuevo agente interventor de la compañía eléctrica. Con su llegada, ya son cinco los funcionarios que han pasado por ese cargo en poco más de 20 meses de intervención estatal.
Un nombramiento con continuidad interna
A diferencia de algunos de sus antecesores, Mesa no llega como una figura ajena al proceso. En 2025 se desempeñó como secretario general de Air-e intervenida, lo que, en teoría, le da conocimiento directo de la compleja situación financiera, operativa y administrativa de la compañía.
Jaime Mesa Buitrago es abogado de la Universidad Católica de Colombia, con especializaciones en áreas administrativas, constitucionales y de responsabilidad civil. También ha ocupado cargos en el sector minero-energético, como subdirector de Minería en la Unidad de Planeación Minero Energética y vicepresidente administrativo y financiero de la Agencia Nacional de Minería entre 2022 y 2025. Su perfil combina experiencia jurídica y manejo institucional, una mezcla que busca responder a un proceso que exige tanto decisiones técnicas como capacidad de navegación política.
El desgaste de una intervención sin rumbo claro
El nombramiento de Mesa llega en un contexto que no ha cambiado de fondo desde comienzos de año. Air-e sigue arrastrando una profunda crisis financiera, con una deuda que supera los $2,5 billones y necesidades de capital que rondan los $5,5 billones para estabilizar su operación. En ese escenario, la empresa se mantiene en un esquema de supervivencia donde sostiene el servicio, pero sin margen suficiente para ejecutar inversiones estructurales que mejoren la calidad, reduzcan pérdidas o modernicen la infraestructura.
Más allá de los cambios de nombre, el patrón se mantiene. Desde la intervención ordenada el 12 de septiembre de 2024, han pasado por la gerencia Carlos Diago, Edwin Palma, Diana Bustamante y Nelson Vásquez, todos con gestiones breves y sin lograr consolidar una hoja de ruta de largo plazo. La constante rotación, lejos de ser una anécdota administrativa, se ha convertido en el principal síntoma de un proceso que no termina de estabilizarse.
Una decisión atravesada por la política
A diferencia de los relevos anteriores, la llegada de Mesa estuvo precedida por una disputa más visible. Durante semanas, distintos sectores afines al Gobierno impulsaron nombres para quedarse con un cargo que hoy tiene un alto peso estratégico, no solo por la magnitud de la empresa, sino por su impacto en el sistema eléctrico nacional. Ese pulso retrasó la designación definitiva y dejó en evidencia que la conducción de Air-e no es solo un asunto técnico, sino también político.
Mesa asume una empresa con múltiples frentes abiertos. Entre ellos, la presión de los usuarios, tensiones con el sector energético, cuestionamientos al modelo tarifario y un déficit financiero que condiciona mucho margen de maniobra. Aunque su conocimiento interno podría facilitar decisiones más rápidas, el reto sigue siendo el mismo que enfrentaron sus antecesores: transformar un esquema que, hasta ahora, no ha logrado traducir la intervención estatal en mejoras tangibles para los más de cinco millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El cambio de interventor, una vez más, plantea si el problema de Air-e es de nombres o de modelo.
