Violencia en Antioquia se intensifica: homicidios aumentan y economías ilegales se expanden en el norte
El panorama de orden público en Antioquia ha experimentado un grave deterioro en los últimos años, obligando a las autoridades regionales y nacionales a implementar medidas contundentes para garantizar la seguridad en la región. Aunque la situación en Medellín y el Valle de Aburrá es preocupante, es en las zonas rurales donde el recrudecimiento de la violencia y la presencia de actores armados ilegales se ha manifestado con mayor intensidad.
Subregiones más afectadas y aumento de homicidios
De las nueve subregiones que conforman Antioquia, las más críticas son el Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca. En la subregión del Norte antioqueño, los homicidios han mostrado un aumento significativo durante 2026, pasando de 46 casos registrados en el mismo periodo de 2025 a 70 este año. Este incremento, que prácticamente duplica la cifra anterior, refleja un deterioro alarmante en los indicadores de seguridad.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el secretario de Seguridad y Convivencia, general en retiro Luis Eduardo Martínez, han señalado que, en los últimos años, producto de la política de 'paz total' del Gobierno nacional, el número de integrantes de estructuras al margen de la ley en Antioquia ha crecido de manera exponencial.
Presencia de grupos armados y disputas territoriales
En entrevista con medios nacionales, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, explicó que en la subregión Norte, la más crítica actualmente, operan tres actores armados ilegales:
- El 'clan del Golfo', a través de la subestructura 'Luis Hernando Rozo Bertel'
- Los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc
- El frente 'Héroes de Tarazá' del Eln
Estos grupos mantienen una confrontación permanente por el control territorial, especialmente en municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal. La actividad de las disidencias, particularmente la del frente dirigido por alias 'Calarcá', es la de mayor magnitud en la región.
Expansión de economías ilegales
Las estructuras armadas han consolidado su control territorial mediante la generación de ingresos a través de rentas ilícitas. Según el comandante Caycedo, la minería ilegal representa hoy mayores ingresos que el tráfico de estupefacientes para estos grupos.
Las disidencias cobran porcentajes que oscilan entre el 10% y el 20% de la producción a los mineros ilegales de la región para permitirles operar. Esta práctica se ha convertido en una fuente de financiamiento crucial para su permanencia en el territorio.
Consolidación de enclaves productivos de coca
De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el norte de Antioquia —específicamente en el corredor entre Valdivia, Tarazá y Cáceres— ha registrado un crecimiento significativo en la consolidación de enclaves productivos de coca.
El documento revela que en estas zonas no solo ha aumentado la presencia de cultivos ilícitos, sino también su concentración y rendimiento, evidenciando una transición hacia sistemas más intensivos y sostenidos en el tiempo. Solo Valdivia y Tarazá reúnen el 45% del total departamental de cultivos de coca.
El informe también registra:
- Un incremento en el área sembrada
- Mayor número de municipios con presencia de coca
- Aumento en el tamaño promedio de los lotes
Estos datos sugieren una expansión y mayor densidad del fenómeno en el norte del departamento, lo que representa un desafío adicional para las autoridades.
Acciones de la fuerza pública
En respuesta a esta compleja situación, el Ejército Nacional ha intensificado sus operaciones en la región. En un periodo de 11 días, las fuerzas militares desactivaron ocho artefactos explosivos en zonas rurales del Norte y Nordeste de Antioquia, demostrando la peligrosidad del entorno y la necesidad de mantener una presencia constante.
La situación en Antioquia requiere de estrategias integrales que combatan no solo la violencia armada, sino también las economías ilegales que financian a los grupos al margen de la ley. Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden público y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por este recrudecimiento de la violencia.
