La crisis de residuos en Bogotá: un problema que se normaliza bajo la administración Galán
En los últimos años, la problemática de los puntos críticos de basura en el espacio público de Bogotá ha escalado en el debate ciudadano. Lo que antes se consideraba una situación excepcional, hoy se ha naturalizado hasta convertirse en parte del paisaje urbano diario, afectando severamente la movilidad, la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.
Cifras oficiales revelan una aparente contradicción
Según datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), al 31 de diciembre de 2025 se registraban 478 puntos críticos de residuos en la capital. Esta cifra representa una disminución frente a los 623 puntos contabilizados en diciembre de 2024. Sin embargo, esta reducción superficial oculta una realidad mucho más compleja y preocupante cuando se analiza en conjunto con la información presupuestal y las decisiones administrativas adoptadas.
El presupuesto se dispara mientras el problema persiste
La atención de estos puntos críticos se realiza a través del Proyecto de Inversión 8236, denominado "Implementación de estrategias integrales para la gestión de residuos sólidos de puntos críticos y de arrojo clandestino". La evolución de su presupuesto resulta alarmante:
- En 2024, primer año de la administración Galán, el proyecto tuvo un costo total de $28.592.540.000.
- Para 2025, el presupuesto asignado aumentó a $82.521.850.088.
- Para 2026, la estimación presupuestal asciende a $75.479.300.000.
Estos valores representan un incremento del 189% para 2025 y del 164% para 2026 tomando como base el año 2024. La pregunta que surge inmediatamente es: si los puntos críticos disminuyeron entre 2024 y 2025, ¿por qué los recursos para atenderlos se multiplicaron casi por cuatro?
La actividad más costosa: atender el 100% de los puntos críticos
Dentro del proyecto, la actividad 3, orientada a "Atender el 100% de los puntos críticos y de arrojo clandestino en el Distrito Capital", muestra el patrón más preocupante:
- En 2024, contó con una apropiación superior a $11.590 millones.
- Para 2025, la apropiación presupuestal ascendió a más de $47.282 millones, equivalente a un incremento del 308% en un solo año.
Adiciones contractuales que perpetúan el problema
La revisión de las adiciones contractuales realizadas durante 2025 confirma un esquema donde la persistencia de los puntos críticos justifica incrementos sucesivos en los contratos, reduciendo los incentivos para solucionar el problema de fondo. Entre las empresas beneficiadas se encuentran:
- Aguas de Bogotá: recibió adiciones por más de $7.218 millones en contratos CTO 305 y CTO 457.
- Lime: obtuvo adiciones por $16.066 millones en el Contrato 284 de 2018.
- Promoambiental: recibió adiciones por $3.842 millones en el Contrato 283 de 2018.
- Área Limpia: adiciones por $5.514 millones en el Contrato 287 de 2018.
- Bogotá Limpia: adiciones por $4.559 millones en el Contrato 286 de 2018.
- Ciudad Limpia: adiciones por $5.702 millones en el Contrato 285 de 2018.
Impacto en la población recicladora y fallas estructurales
Este modelo no solo representa un aumento desproporcionado del gasto público, sino que también afecta directamente a la población recicladora de oficio. La incapacidad de la administración Galán para estructurar una solución integral obligó a las organizaciones de recicladores a acudir a la Corte Constitucional, obteniendo el Auto 2059 de 2025.
Como consecuencia, la UAESP prorrogó los contratos de los operadores vigentes hasta noviembre de 2027, una decisión que perpetúa el modelo actual en lugar de buscar soluciones estructurales. Los puntos críticos de basura en Bogotá han dejado de ser un problema operativo para convertirse en el síntoma de un sistema que funciona financieramente para operadores privados, pero que fracasa en la protección del espacio público y en el manejo eficiente de los recursos de la ciudad.
