Megatomas en Bogotá: ¿Estrategia de seguridad o gestión comunicacional?
En la actual administración distrital de Bogotá, las denominadas "megatomas" se han posicionado como el símbolo institucional de respuesta a la inseguridad ciudadana. Estos operativos de gran despliegue, con amplia presencia de entidades estatales, prometen la "recuperación del territorio". Sin embargo, cuando una estrategia se presenta como columna vertebral de la seguridad urbana, debe demostrar resultados verificables y sostenidos en el tiempo.
Las cifras que revelan una realidad preocupante
Las estadísticas oficiales hasta octubre de 2025, obtenidas mediante respuestas formales de la Secretaría de Seguridad, presentan un panorama contradictorio. Mientras se registran reducciones en algunos delitos de alto impacto como:
- Extorsión (-16,8%)
- Hurto a automotores (-24,5%)
- Hurto a motocicletas (-17%)
- Hurto a comercio (-24%)
- Delitos sexuales (-9,8%)
Los indicadores que realmente determinan la percepción de inseguridad y afectan la vida cotidiana de los bogotanos muestran tendencias alarmantes:
- Hurto a personas aumenta 3,9% (113.148 casos)
- Violencia intrafamiliar sube 16,7% (42.716 casos)
- Lesiones personales crecen 11,5% (17.717 casos)
Incluso el homicidio, frecuentemente utilizado como indicador de éxito, presenta una reducción marginal del 0,5% (de 979 a 974 casos). En octubre específicamente, el hurto a personas registró un incremento del 10,2% comparado con el mismo mes del año anterior.
El desplazamiento del delito como fenómeno preocupante
Este contraste estadístico alimenta una crítica fundamental: las megatomas podrían estar generando un reacomodo del delito más que su reducción efectiva. Cuando disminuyen ciertos tipos de hurto pero aumenta el hurto a personas, la interpretación plausible apunta hacia un desplazamiento hacia víctimas consideradas "blandas" -peatones, usuarios de transporte público y espacios de alta circulación- donde el riesgo para el delincuente es menor y el beneficio inmediato.
Esta dinámica es característica de intervenciones intensivas en presencia y control policial que carecen de acompañamiento robusto en investigación criminal, judicialización efectiva y acciones sostenidas de prevención social. Una ciudad no se pacifica con operativos episódicos; se estabiliza cuando aumenta la probabilidad real de sanción, cuando se desarticulan redes criminales y cuando se intervienen los factores estructurales que generan violencia en barrios y entornos específicos.
La ausencia de metodología para evaluar impacto
La respuesta obtenida mediante derecho de petición revela una inquietante realidad: los resultados reportados se concentran principalmente en "productos" operativos como registros, verificaciones, inspecciones, incautaciones, suspensiones temporales de establecimientos y capturas puntuales. Esta información describe actividad institucional, pero no demuestra impacto estratégico.
Lo que brilla por su ausencia sistemática es precisamente lo decisivo:
- Cuántas capturas terminan en imputaciones, medidas de aseguramiento y condenas efectivas
- Cuántas estructuras criminales se desmantelan realmente
- Cuánto disminuye el delito en las áreas intervenidas durante semanas o meses posteriores
- Si existe desplazamiento del delito hacia zonas contiguas
- Cuál es el costo-efectividad real de movilizar múltiples entidades en jornadas masivas
La estrategia queda así medida por volumen (cuántos operativos, cuántos registros) y no por resultados concretos (cuánta violencia se evitó, cuánta reincidencia se redujo, cuánta victimización disminuyó).
Debilidades estructurales en la medición territorial
La crítica se intensifica cuando la Secretaría de Seguridad reconoce formalmente que no cuenta con una metodología para evaluar el impacto causal de las megatomas. No existe diseño pre/post con ventanas claras de análisis, no hay "zonas de comparación" sin intervención, carecen de estudios robustos sobre desplazamiento del delito y, adicionalmente, la planeación y evaluación operativa descansan principalmente en la Policía Metropolitana.
Esta admisión no constituye una discusión técnica menor: representa la diferencia fundamental entre una política pública seria y un dispositivo de exhibición institucional. Si la entidad responsable de orientar la política de seguridad no puede demostrar metodológicamente que su intervención territorial mejora efectivamente el territorio, entonces el debate trasciende la preferencia personal por las megatomas y se centra en por qué se invierten recursos públicos sin estándares verificables de efectividad.
A esta problemática se suma una debilidad estructural en los datos que hace casi imposible evaluar con rigor lo territorial. En el boletín oficial de octubre de 2025 se advierte un aumento de registros "sin localización" que afecta la comparabilidad, y se reconoce la imposibilidad de trabajar a nivel de Unidades de Planeación Local (UPL) por ausencia de variables geográficas como latitud y longitud.
Indicadores de conflictividad que contradicen el relato oficial
Los indicadores de conflictividad y convivencia que acompañan el boletín oficial tampoco sostienen la narrativa de "control territorial" logrado. A octubre de 2025, los reportes ciudadanos al NUSE 123 asociados a riñas aumentaron 3,79%, mientras que también crecieron los asociados a:
- Narcóticos (10,69%)
- Ruido (31,1%)
- Disparos (8,69%)
Adicionalmente, aumentaron las medidas correctivas por porte de armas (35,49%) y por consumo/venta de Sustancias Psicoactivas -SPA- (133,8%). Estas tendencias reflejan una ciudad tensionada, con conflictividades que requieren prevención, mediación y política social sostenida, no únicamente operativos de choque.
Cinco exigencias para una política de seguridad efectiva
Desde el control político se plantean cinco exigencias fundamentales:
- Definición y trazabilidad: Establecer claramente qué cuenta como megatoma, con inventario público de fecha, lugar, objetivos específicos y entidades participantes, evitando generalidades.
- Costos reales: Transparentar no solo la ausencia de presupuesto específico, sino los costos reales por intervención y su relación costo-efectividad.
- Resultados verificables: Reportar capturas certificadas, judicializaciones efectivas, procesos en Fiscalía y resultados concretos, superando la mera descripción de registros e incautaciones.
- Evaluación mínima viable: Implementar medición pre/post, establecer territorios comparables, realizar análisis de desplazamiento del delito y publicar periódicamente los hallazgos.
- Enfoque integral: Responder al aumento de violencia intrafamiliar y lesiones personales con prevención y atención efectiva, no únicamente con presencia policial.
Bogotá requiere urgentemente una política de seguridad que resista el examen riguroso de la evidencia. Las megatomas, en su configuración actual, no cumplen con este estándar: son intensas en despliegue operativo, pero débiles en evaluación de impacto e insuficientes frente a los delitos y violencias que más afectan la vida cotidiana de la ciudadanía.
