Vendedores informales protestan contra decreto de espacio público en Bogotá
Vendedores informales están llevando a cabo un plantón indefinido en Bogotá, en protesta contra un nuevo decreto expedido por la Alcaldía de la ciudad. Este decreto, firmado el 14 de abril, busca regular el uso del espacio público, pero ha generado fuertes críticas entre los trabajadores informales, quienes argumentan que pone en riesgo el sustento de miles de familias.
Críticas de los vendedores al decreto
Según los vendedores, el decreto representa una afrenta directa a su derecho al trabajo. Aunque la Alcaldía afirma que se realizaron más de 55 mesas de diálogo con representantes del gremio, muchos vendedores sienten que no fueron suficientemente consultados. "No hemos conocido las opciones", señaló una lideresa a medios locales, refiriéndose a las alternativas ofrecidas por el Distrito. Además, expresaron preocupación por la prohibición del uso de pipetas de gas, una herramienta esencial para muchos, sin que se les haya presentado una solución clara.
El Instituto para la Economía Social (IPES) ha caracterizado a más de 19.000 vendedores, aunque históricamente se estima que alrededor de 95.000 personas dependen de esta actividad en Bogotá. Los manifestantes temen que el decreto conduzca a desalojos masivos, sin considerar la realidad económica de estas familias.
Defensa de la Alcaldía y medidas del decreto
Por su parte, la Alcaldía de Bogotá defiende el decreto como una medida necesaria para armonizar el derecho al trabajo con el uso ordenado del espacio público. El Distrito argumenta que la normativa responde a una petición generalizada de los ciudadanos de mejorar la accesibilidad y seguridad en las calles.
El decreto establece varias disposiciones clave:
- Definición de zonas donde se prohibirán o autorizarán las ventas informales.
- Reubicación de vendedores en espacios autorizados.
- Limitación en el uso de pipetas de gas, permitidas solo con autorización específica.
- Acceso a programas de formación y reconversión laboral a través del IPES.
- Registro obligatorio de vendedores ante el IPES para facilitar su caracterización y acceso a beneficios institucionales.
En materia de seguridad, el decreto incluye reglas "no negociables", como mantener despejados los hidrantes con un mínimo de 1,5 metros, prohibir estructuras riesgosas y restringir actividades peligrosas. Entre las actividades prohibidas se encuentran:
- Uso de menores de edad en ventas informales.
- Realización de tatuajes o procedimientos similares en espacio público.
- Venta de sustancias peligrosas o ilegales.
- Comercialización de alimentos sin condiciones sanitarias adecuadas.
- Uso no autorizado de elementos inflamables.
- Contaminación ambiental.
- Venta de armas.
Incertidumbre y próximos pasos
A pesar de la firmeza del decreto, el Distrito tiene un plazo de seis meses para definir las zonas específicas donde se permitirán las ventas informales. Este período de transición ha aumentado la incertidumbre entre los vendedores, quienes continúan movilizados exigiendo un nuevo diálogo con las autoridades.
La protesta refleja un conflicto más amplio entre la necesidad de ordenar el espacio público y proteger los medios de vida de una población vulnerable. Mientras la Alcaldía insiste en que el decreto busca equilibrar estos intereses, los vendedores mantienen su plantón hasta que se establezcan negociaciones concretas que aborden sus preocupaciones.
