El control casi absoluto del Gobierno nacional sobre Urrá
La hidroeléctrica Urrá S.A. E.S.P. opera bajo un dominio prácticamente total del Gobierno nacional, según revelan sus informes de gestión más recientes. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público concentra el 99,9837% de la participación accionaria, otorgándole un control casi absoluto sobre las decisiones operativas y estratégicas de la empresa.
El porcentaje restante, mínimo en comparación, se distribuye entre algunas entidades territoriales y accionistas privados con participaciones insignificantes. Esta composición accionaria se traduce directamente en la conformación de la junta directiva, donde cinco de sus miembros representan exclusivamente al Gobierno nacional, principalmente a los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.
La voz local en medio del control centralizado
A estos representantes nacionales se suman el gobernador de Córdoba y el alcalde de Tierralta, municipio donde se localiza físicamente la central hidroeléctrica. Sin embargo, su influencia resulta limitada frente a la mayoría abrumadora que ejerce el Ejecutivo nacional en las decisiones clave.
Entre las funciones críticas de esta junta directiva se encuentran la aprobación del presupuesto anual, el seguimiento detallado a los riesgos operativos, la evaluación del desempeño de la administración y la supervisión estricta del cumplimiento del plan estratégico. En la práctica, las decisiones estructurales sobre la operación del embalse dependen fundamentalmente de un órgano controlado mayoritariamente por el Gobierno central.
Las advertencias técnicas reiteradas durante seis años
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó que desde el año 2020 ha venido realizando un seguimiento continuo y exhaustivo a los componentes hidrológicos e hidráulicos de Urrá. Como resultado de este monitoreo constante, se identificó un comportamiento recurrente y preocupante de sobrepaso de la Curva Guía Máxima.
Este nivel crítico permite mantener un volumen de seguridad esencial ante eventos de creciente extraordinarios, y su incumplimiento representa un riesgo significativo para las comunidades ribereñas. Entre 2020 y 2026, la ANLA emitió seis conceptos técnicos específicos dirigidos a la empresa operadora, en los que se expusieron inconsistencias graves en la regla de operación del embalse y se solicitaron ajustes urgentes.
Un patrón de incumplimiento documentado
En 2024, el seguimiento ambiental evidenció que el 20% de las mediciones realizadas incumplieron sistemáticamente los niveles máximos permitidos por la normativa. Esta situación alarmante volvió a repetirse durante 2025 y se prolongó hasta 2026, creando un patrón de riesgo que finalmente desembocó en la emergencia actual.
En un concepto técnico particularmente contundente emitido en diciembre de 2025, la autoridad ambiental concluyó que los sobrepasos registrados respondían en mayor medida a decisiones operativas cuestionables y no a respuestas excepcionales frente a crecientes imprevistas. Este análisis se apoyó en información técnica proveniente de Sinergox–XM, que mostró superaciones cercanas al 30,6% del tiempo evaluado durante el segundo semestre de 2025.
La respuesta institucional tras la emergencia
Tras la crisis humanitaria y ambiental desatada, la ANLA anunció formalmente el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra Urrá S.A. E.S.P., al considerar que existió un incumplimiento reiterado, sistemático y documentado de la Curva Guía Máxima. La entidad regulatoria también señaló deficiencias graves en la notificación oportuna a las comunidades afectadas y en la aplicación efectiva de los planes de emergencia y contingencia previamente establecidos.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, cuestionó públicamente que se intentara buscar responsables de la emergencia sin reconocer explícitamente que el control operativo de la hidroeléctrica recae principalmente en el Gobierno Nacional. "Hace 4 años el gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá y yo quiero en esto ser claro porque no quiero generar debate con el presidente", afirmó durante declaraciones recientes.
Zuleta insistió en que "el mismo gobierno nacional es quien tiene el control absoluto de la junta directiva con cinco miembros. Han pasado 4 años y tienen el IDEAM, tienen URRA que la controla el gobierno nacional. Ahora por qué van a buscar el culpable aguas arriba", agregó el mandatario regional, reflejando la tensión entre responsabilidades locales y nacionales en esta crisis compleja.
Un debate que trasciende la emergencia inmediata
Las inundaciones en Córdoba no solo han dejado afectaciones devastadoras en miles de familias y zonas rurales vulnerables. También reactivan una discusión de fondo que ha acompañado históricamente a las comunidades ribereñas del río Sinú: quién toma realmente las decisiones en la hidroeléctrica Urrá y cómo se gestionan los riesgos inherentes a su operación continua.
La estructura de control casi monopolística del Gobierno nacional, combinada con alertas técnicas reiteradas durante seis años consecutivos, plantea interrogantes profundos sobre la gobernanza ambiental, la responsabilidad institucional y la protección efectiva de las comunidades en riesgo. Este caso emblemático podría establecer precedentes importantes para la operación de infraestructura crítica en contextos de vulnerabilidad social y ambiental en Colombia.
