Santander recupera la normalidad tras histórico acuerdo sobre impuesto predial
El departamento de Santander comenzó a respirar nuevamente este martes 14 de abril de 2026, luego de que el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander y los líderes del gremio campesino lograran un acuerdo fundamental para levantar los bloqueos que mantuvieron paralizada la región durante seis días completos. El corazón de este pacto histórico radica en la revisión inmediata y técnica de los avalúos catastrales que provocaron incrementos desproporcionados en el impuesto predial, niveles que los manifestantes calificaron como completamente impagables para la economía campesina.
La fórmula técnica para corregir los avalúos
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que después de una intensa jornada de negociación con el director nacional del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se estableció una hoja de ruta concreta para corregir lo que denominó "liquidaciones desproporcionadas" en municipios críticos como Lebrija. "Hemos alcanzado un acuerdo histórico para solucionar el problema a aquellos campesinos que experimentaron un aumento desmesurado en sus obligaciones tributarias", declaró el mandatario regional con evidente alivio.
La solución técnica se materializa a través de una resolución administrativa emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esta normativa específica autoriza a los directores territoriales para instalar mesas de trabajo permanentes donde se revisarán caso por caso todos los predios rurales afectados. El objetivo central es ajustar los avalúos catastrales a la "justa proporción" del mercado actual, considerando variables fundamentales que habrían sido ignoradas inicialmente:
- Falta de acceso adecuado a fuentes de agua
- Vías de comunicación precarias o inexistentes
- Riesgos geológicos como deslizamientos
- Condiciones específicas de productividad de la tierra
Según las explicaciones detalladas del gobernador Díaz, ya se han identificado ejemplos claros de distorsión catastral: terrenos que pasaron de estar valorados en 200 millones de pesos a 2.000 millones de pesos, ahora serán reajustados a rangos cercanos a los 700 millones, una cifra que los productores agrícolas consideran manejable dentro de la economía popular regional.
Responsabilidades claras y advertencias del Gobierno Nacional
Pese al avance significativo en materia catastral, el Gobierno Nacional lanzó una advertencia clara sobre la distribución de responsabilidades en el cobro del impuesto predial. El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó en declaraciones a medios nacionales que el IGAC solo entrega el avalúo técnico, pero son los mandatarios locales quienes tienen básicamente la totalidad de la decisión final sobre las tarifas aplicables.
"Quien determina cuál es el costo final del predial es el alcalde con su Concejo Municipal. Los municipios cuentan con herramientas legales específicas para mitigar el impacto sobre los contribuyentes más vulnerables, pero no las utilizaron correctamente en esta ocasión", afirmó el alto funcionario con tono enfático.
Benedetti sugirió específicamente que los consejos municipales omitieron aplicar el artículo 42 del Plan de Desarrollo Nacional, el cual permite exonerar o aplicar tasas diferenciales a los campesinos en condiciones de mayor vulnerabilidad económica. Además, recordó que, por disposición legal expresa, el recaudo efectivo del impuesto predial no debería superar el 50% respecto al año anterior, salvo excepciones puntuales debidamente justificadas.
Impacto económico y normalización gradual
Se espera que, luego de la primera socialización de la metodología de revisión en los puntos de concentración campesina, las vías estratégicas hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro y la región del Magdalena Medio queden habilitadas totalmente antes de finalizar la tarde. Estas arterias viales afectan directamente procesos económicos vitales para Santander y regiones aledañas.
Los cierres viales en Santander y Norte de Santander ya han dejado un "hueco" financiero que supera los COP 120.000 millones diarios, según un reporte oficial del Consejo Gremial Nacional. La parálisis en estos corredores estratégicos ha golpeado drásticamente la economía regional, afectando desde pequeños productores hasta grandes empresas exportadoras.
La normalización del tránsito representa no solo un alivio logístico, sino también una esperanza renovada para miles de campesinos que vieron en el acuerdo una respuesta concreta a sus demandas legítimas. El proceso de revisión caso por caso promete ser exhaustivo y técnicamente riguroso, buscando equilibrar las necesidades fiscales municipales con la realidad económica del sector rural santandereano.
