Catalina Giraldo Silva: una batalla silenciosa por la dignidad en medio del sufrimiento mental
A sus 30 años, Catalina Giraldo Silva, psicóloga de profesión, enfrenta una lucha interna que ha durado más de la mitad de su vida. Su historia no se define por una enfermedad física evidente, sino por un dolor constante derivado de trastornos de salud mental que, según ella misma relata, han convertido su existencia en una carga insoportable. Describe su experiencia como un sufrimiento que va más allá de lo emocional, manifestándose también en síntomas físicos como una presión permanente en el pecho y una sensación de vacío que persiste incluso en momentos de descanso. Para Catalina, vivir se ha transformado en un ejercicio agotador, donde cada día implica resistir ansiedad extrema, pensamientos intrusivos y episodios de angustia profunda, tal como reportó Noticias Caracol.
Un diagnóstico complejo y tratamientos fallidos
Su diagnóstico clínico es multifacético: padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. A lo largo de los años, ha buscado alivio a través de numerosos tratamientos, incluyendo más de 40 esquemas farmacológicos, hospitalizaciones psiquiátricas y terapias intensivas como la electroconvulsiva. Sin embargo, ninguno de estos enfoques ha logrado mejorar su condición de manera significativa, dejándola en un estado de desesperanza persistente.
La decisión de solicitar el suicidio médicamente asistido
Ante este panorama desolador, en 2025 Catalina tomó una decisión que ha reabierto un debate inédito en Colombia: solicitó el acceso al suicidio médicamente asistido. A diferencia de la eutanasia, que ya cuenta con regulación en el país, el suicidio médicamente asistido implica que el paciente sea quien administre el fármaco que pone fin a su vida, bajo supervisión médica. Catalina eligió esta opción porque desea mantener el control sobre el proceso, evitando métodos clandestinos o violentos. Su motivación, asegura, no es un impulso momentáneo, sino el resultado de años de sufrimiento persistente y de intentos fallidos por encontrar alivio. Además, busca evitar un impacto traumático en su familia, ya que en Colombia, alrededor de 700 mil personas en el mundo mueren cada año por suicidio, muchas veces en condiciones de soledad. Catalina aspira a despedirse acompañada, con apoyo médico y dentro de un marco legal que garantice una muerte digna.
El limbo legal y la respuesta de su EPS
En octubre de 2025, Catalina solicitó a su EPS la autorización para el procedimiento, pero la respuesta fue negativa. Aunque en 2022 la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido mediante una sentencia histórica, el procedimiento no ha sido reglamentado, generando un vacío legal que impide su aplicación práctica. En noviembre de ese mismo año, su EPS rechazó la solicitud argumentando que no existen condiciones normativas ni operativas para llevar a cabo el procedimiento de forma segura. Este escenario ha dejado a Catalina en una situación de incertidumbre: por un lado, la práctica no es penalizada; por otro, tampoco existe un protocolo que permita su acceso. Con el acompañamiento de su abogado, interpuso una acción de tutela para exigir la protección de su derecho a la muerte digna, y el caso ahora está en manos de la Corte, que podría sentar un precedente clave.
El respaldo familiar y el dolor compartido
Uno de los aspectos más impactantes del caso es el respaldo de su familia. Su madre, María Ángela Silva, ha sido testigo del deterioro emocional de su hija desde la adolescencia, presenciando crisis, hospitalizaciones y episodios de autolesión. Incluso llegó a leer una carta de despedida en la que Catalina detallaba cómo planeaba quitarse la vida de forma clandestina. Para su madre, la posibilidad de acompañarla en un proceso regulado representa una alternativa menos dolorosa que enfrentar una muerte violenta o inesperada. Aunque reconoce el sufrimiento que implica esta decisión, considera que prolongar la vida de su hija en esas condiciones no es justo, y desde su perspectiva, el amor también implica respetar su voluntad. Sin embargo, no pierde la esperanza de un cambio inesperado, manteniendo la ilusión de un milagro que transforme la realidad de Catalina.
El debate nacional sobre salud mental y muerte digna
El caso ha puesto sobre la mesa una discusión compleja: ¿debe permitirse el acceso a la muerte digna en pacientes con enfermedades mentales? Para algunos sectores, abrir esta posibilidad podría ser riesgoso, dado que los trastornos psicológicos pueden afectar la toma de decisiones. Para otros, negar esta opción implica desconocer el sufrimiento real de quienes padecen enfermedades psiquiátricas severas y resistentes al tratamiento. Las cifras reflejan la magnitud del problema: en Colombia, el promedio anual de suicidios ronda las 2.800 muertes, una cifra que ha venido en aumento en la última década, según expertos. Desde esta perspectiva, el suicidio médicamente asistido podría ofrecer una alternativa controlada, evitando desenlaces traumáticos tanto para el paciente como para su entorno.
Un precedente potencial y la visibilización del sufrimiento
El proceso judicial de Catalina podría convertirse en el primer caso en Colombia que obligue a reglamentar esta práctica. Su solicitud no solo busca una respuesta individual, sino también abrir un camino para otras personas en situaciones similares. Mientras espera la decisión de la Corte, Catalina continúa enfrentando su día a día con una carga emocional que describe como insoportable. Ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones, pero ahora resiste con la esperanza de que, si llega ese momento, sea bajo condiciones dignas. Lejos de ocultar su situación, Catalina decidió hacer pública su historia, considerando que hablar abiertamente puede ayudar a otras personas que atraviesan experiencias similares y que se sienten solas. Su mensaje no es una invitación a rendirse, sino una reflexión sobre los límites del dolor humano y el derecho a decidir sobre la propia vida.
Mientras tanto, Colombia observa un caso que podría redefinir los alcances del derecho a morir dignamente. La decisión final no solo impactará a Catalina, sino también a un sistema que aún no logra responder plenamente a los desafíos de la salud mental. En medio de ese debate, ella espera una respuesta, no como un acto de desesperación, sino como la culminación de un proceso marcado por el intento constante de seguir adelante. Para Catalina, la discusión es clara: después de haberlo intentado todo, considera que ha llegado el momento de decidir. Y mientras la justicia avanza a su propio ritmo, ella continúa resistiendo, con la esperanza de que su historia no sea en vano, sino el inicio de un cambio necesario en el país.
