En las últimas horas, el Tribunal de Bolívar ratificó que la EPS Coosalud debe ser entregada nuevamente a su antiguo representante legal, Jaime González, y suspendió provisionalmente la intervención de la entidad.
Decisión judicial
El abogado Julián Quintana afirmó que "quedó en evidencia la actuación irregular de María José Navarro y del liquidador Jorge Suárez, quienes desconocen la decisión judicial para mantener el control de la EPS y seguir desfalcándola". La orden judicial busca restablecer la situación anterior a la intervención.
Antecedentes de la intervención
El 22 de noviembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención de Coosalud debido a incumplimientos en la prestación de servicios de salud, suministro de medicamentos y acceso a tecnologías. La EPS arrastraba deudas y complicaciones que afectaban a los pacientes. Antes de la intervención, la administración estaba a cargo de Jaime González y Natalia Largo González como representantes legal y suplente, respectivamente.
Suspensión provisional
El tribunal ordenó la suspensión provisional e inmediata de la intervención, basándose en el deterioro financiero que sufrió Coosalud desde que fue intervenida. Entre 2024 y 2025, las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) aumentaron un 32 %, y se evidenció una inestabilidad financiera tras el paso de cinco agentes interventores.
Restablecimiento y futuro
La orden emitida el 14 de abril implica el "restablecimiento de las cosas a su estado anterior", por lo que la gestión de la EPS debe volver a como era antes de la intervención, la cual había sido prorrogada el 21 de noviembre. La suspensión es provisional, ya que el tribunal debe decidir de fondo. Mientras tanto, la administración queda en manos de González y Largo hasta que haya un nuevo nombramiento.
