El Gobierno nacional anunció un incremento en el presupuesto de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que en 2026 pasará de $100,4 billones a $114,8 billones para financiar el sistema de salud colombiano. El aumento, equivalente a $14,4 billones frente al año anterior, ocurre en medio de una profunda discusión sobre la crisis financiera y operativa que atraviesa el sector.
Aprobación del Confis y declaraciones oficiales
La ampliación presupuestal fue autorizada tras la aprobación, por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), de un presupuesto adicional de $4,2 billones para la ADRES. Según explicó el director de la entidad, Félix León Martínez, el crecimiento de los recursos responde al aumento de los aportes del presupuesto nacional y de las cotizaciones.
“El aumento presupuestal alcanzó, entonces, $14,5 billones entre 2025 y 2026 para el sistema de salud. Este enorme aumento ha sido posible debido al incremento de los aportes por parte del presupuesto nacional del 25 % y de las cotizaciones en un 13,7 %. Esto contradice a los sectores que aseguran que se han disminuido los recursos del sector salud”, afirmó Martínez.
El funcionario también aseguró que el aumento ya se refleja en los giros realizados durante el primer trimestre del año. “El gasto en el primer trimestre de 2026 ha aumentado el giro del régimen subsidiado en 18,2 % y el del régimen contributivo en 11,9 %. Este incremento de recursos se espera que sea manejado con mayor eficiencia por parte de las EPS”, señaló.
Crecimiento acumulado del sistema
De acuerdo con las cifras entregadas por la ADRES, en los últimos cuatro años el sistema ha tenido un crecimiento acumulado cercano al 60 % en sus recursos: pasó de $71 billones en 2022 a cerca de $115 billones proyectados para 2026.
El anuncio del Gobierno se conoce meses después de que un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud advirtiera sobre un deterioro progresivo del sistema sanitario colombiano. En enero de este año, los exfuncionarios publicaron un comunicado en el que alertaron que el país comenzaba 2026 en un escenario de “mayor fragilidad financiera y operativa”.
Advertencias de exministros y organismos de control
Según el documento que se hizo público en enero, las decisiones adoptadas por el Gobierno han profundizado una crisis estructural que afecta directamente a pacientes y usuarios. Los firmantes aseguraron que el resultado es “mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso, mayor sufrimiento y muerte”.
El grupo señaló que el cierre de 2025 dejó un balance negativo para el sistema y que las medidas tomadas para este año “profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio”, pese a las advertencias técnicas realizadas por distintos sectores.
“Lo que describimos no corresponde a una queja aislada”, subraya el comunicado, sino a la evidencia de “una crisis deliberada y un clamor generalizado” de los agentes del sistema y de los órganos de control.
Entre los firmantes del pronunciamiento aparecen exministros como Augusto Galán Sarmiento, Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Jaime Arias, quienes insistieron en que sus advertencias “no han sido aisladas ni ideológicas” y que coinciden con los llamados hechos por organismos de control y sectores de la sociedad civil.
El comunicado recuerda que la Corte Constitucional ha advertido en autos de 2024 y 2025 sobre problemas derivados del uso de información incompleta, la falta de aplicación de metodologías actuariales y el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la suficiencia financiera del sistema.
A esas alertas se suman las observaciones de otros organismos. La Procuraduría General de la Nación, según el documento, ha advertido sobre la “fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico” en decisiones de política pública. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha alertado sobre el deterioro del acceso a servicios médicos, el aumento de tutelas y quejas y la “creciente angustia de pacientes y familias”.
La Contraloría General de la República también fue citada en el pronunciamiento. Según los exfuncionarios, el ente de control concluyó que las intervenciones administrativas realizadas a distintas EPS no corrigieron las causas estructurales de la crisis y que, por el contrario, “han concentrado la deuda y el riesgo financiero, debilitando la capacidad operativa de EPS e IPS y deteriorando el flujo de recursos”.
Impacto del salario mínimo y postura del Gobierno
Otro de los puntos críticos señalados por el grupo tiene relación con el impacto del aumento del salario mínimo para 2026 sobre las finanzas del sistema de salud. Aunque reconocen que la medida mejora el poder adquisitivo de una parte de la población, advierten que genera un costo adicional cercano a $4,5 billones para el sector, efecto que —según sostienen— no fue incorporado adecuadamente en los cálculos técnicos de financiación.
Pese a ello, el Gobierno insiste en que el incremento presupuestal aprobado para este año demuestra un fortalecimiento financiero del sistema y una mayor capacidad de respuesta para atender las necesidades de los usuarios.
