El Gobierno nacional salió al paso de las críticas sobre la crisis del sistema de salud y desmintió que el problema sea la falta de recursos. En una rueda de prensa, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló directamente a las EPS como las responsables de las fallas en la atención, reabriendo el debate sobre el modelo de salud en Colombia.
Incremento de recursos sin mejoras proporcionales
Desde el Ministerio de Salud se insistió en que la discusión sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) debe centrarse en su naturaleza como prima de aseguramiento. La cartera sostuvo que no se trata de un presupuesto insuficiente sino de un instrumento mal gestionado por las EPS, que son las encargadas de garantizar la atención efectiva a los afiliados.
El jefe de la cartera fue enfático en que el actual Gobierno ha realizado el mayor esfuerzo fiscal en salud en décadas. Entre 2022 y 2026, el presupuesto del sector creció un 51% y la UPC aumentó un 28%, lo que representa más de 21 billones de pesos adicionales. Sin embargo, este incremento no se ha traducido en mejoras proporcionales en la calidad y oportunidad de los servicios, según expuso el ministro.
Pese a este aumento de recursos, el Ministerio advirtió que los problemas de acceso persisten. “La pregunta no es cuánto dinero falta, sino qué está pasando con el dinero que ya se giró”, señaló Jaramillo. Las quejas por falta de medicamentos y las demoras en las citas evidencian una desconexión entre los recursos asignados y los resultados reales en la atención.
Intermediación financiera: el cuello de botella
El Gobierno sostiene que el principal problema está en la intermediación financiera del sistema. Mientras el Estado gira los recursos de manera oportuna, las EPS acumulan deudas con hospitales y trabajadores de la salud, lo que impide que el dinero llegue efectivamente a los servicios. Esto afecta directamente la atención de los pacientes.
En esa línea, el Ministerio recalcó que la UPC no es un presupuesto operativo para las entidades, sino una prima que obliga a gestionar el riesgo en salud. Por lo tanto, los problemas financieros no pueden atribuirse automáticamente a una insuficiencia de recursos, sino a fallas administrativas y de gestión.
El análisis oficial también cuestiona el uso de indicadores financieros en el debate. La siniestralidad, por ejemplo, no mide la suficiencia de la UPC sino la eficiencia en la administración del riesgo. Esto explica las diferencias entre EPS que operan bajo el mismo esquema de financiación.
Inconsistencias y falta de transparencia
Además, el Ministerio señaló inconsistencias relevantes en la información reportada por las entidades. Se identificaron irregularidades como facturación a personas fallecidas, cobros excesivos de medicamentos y procedimientos inconsistentes que afectan la transparencia del sistema, según lo expuesto en la rueda de prensa.
El ministro fue más allá al referirse a recursos sin justificación clara. “Nos piden más dinero, pero no pueden explicar dónde está el que ya se giró”, indicó. Las inconsistencias superarían los 15 billones de pesos, lo que refuerza las dudas sobre el manejo financiero de las EPS.
Estas alertas coinciden con observaciones de los organismos de control. La Contraloría General ha advertido sobre la existencia de recursos sin trazabilidad clara, lo que evidencia fallas en los mecanismos de control y la necesidad de mayor transparencia en el uso del dinero público.
El caso de Nueva EPS
Uno de los casos más críticos expuestos por el Ministerio es el de Nueva EPS. La entidad no cuenta con estados financieros firmados para 2023 y reportó un aumento de gastos de 14 billones a 24 billones de pesos en un solo año, situación que motivó su intervención por parte de las autoridades.
Medidas para mejorar la gestión
Frente a este escenario, el Gobierno anunció medidas para mejorar la calidad de la información y la transparencia. Se implementarán sistemas integrados que cruzan facturación electrónica con registros de servicios y códigos únicos de validación para garantizar trazabilidad en tiempo real, reduciendo los riesgos de manipulación y fraude.
En paralelo, el Ministerio descartó un escenario de liquidación masiva de entidades del sistema. El objetivo es evitar cierres de hospitales y garantizar la continuidad en la prestación de servicios, incluso en medio de la reorganización posterior a la pandemia, aclaró el jefe de la cartera.
Avances en capacidad de servicios y atención primaria
Según datos oficiales, el país registra una expansión en la capacidad de servicios. En los últimos tres años se ha ampliado la oferta de atención con un crecimiento del 37% en sedes y prestadores, especialmente en regiones apartadas, lo que contrasta con la percepción de deterioro del sistema.
El ministro también defendió los avances en salud pública y atención primaria. Se han desplegado 10.983 equipos básicos de salud, 1.882 proyectos por 4,4 billones de pesos y 1.680 vehículos asistenciales para mejorar el acceso en territorios históricamente excluidos, fortaleciendo la red de atención.
En materia preventiva, el Gobierno destacó la vacunación contra la fiebre amarilla. Se han aplicado más de 5,5 millones de dosis, con coberturas superiores al 95% en municipios de alto riesgo, aunque se mantiene la alerta por la alta letalidad en población no vacunada, especialmente en el departamento del Tolima.
La reforma estructural como solución de fondo
El debate de fondo, sin embargo, sigue siendo la reforma al sistema de salud. El Gobierno insiste en que se requiere un cambio estructural en el modelo de intermediación para corregir las distorsiones actuales y garantizar que los recursos se traduzcan en atención efectiva, reiteró Jaramillo.
En ese sentido, recordó que el hundimiento de la reforma en el Congreso ha limitado las soluciones financieras. De haberse aprobado, el sistema contaría con recursos adicionales equivalentes a un punto del PIB, es decir cerca de 3 billones de pesos solo en este año, lo que habría aliviado las presiones presupuestales.
Finalmente, el ministro lanzó un mensaje al Congreso sobre la urgencia de tomar decisiones. “El país no puede seguir aplazando decisiones estructurales. La crisis no se resuelve con más recursos mal administrados”, concluyó.
