Invima emite alerta urgente sobre dispositivos de ortodoncia comercializados en redes sociales
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha realizado un llamado de atención contundente a la población colombiana, instando a extremar las precauciones al momento de considerar tratamientos de ortodoncia. Esta advertencia surge ante el preocupante incremento en la comercialización de dispositivos como alineadores transparentes, brackets y otros elementos correctivos a través de plataformas digitales no autorizadas y redes sociales.
Dispositivos médicos, no simples artículos estéticos
La entidad regulatoria ha sido enfática en señalar que estos productos no deben ser considerados como meros artículos estéticos o de belleza. Por el contrario, se trata de dispositivos médicos que deben cumplir con rigurosos estándares de calidad, seguridad y eficacia comprobada. Su utilización inadecuada, sin la debida supervisión de un profesional calificado, puede desencadenar complicaciones graves de salud.
Entre los riesgos potenciales se encuentran lesiones en los tejidos blandos de la boca, desarrollo de infecciones bacterianas, reacciones alérgicas a los materiales utilizados y, lo más preocupante, alteraciones permanentes en la oclusión dental o mordida. Estas complicaciones pueden requerir tratamientos correctivos complejos y costosos.
El peligro latente de los canales informales
El Invima ha advertido que la adquisición de dispositivos de ortodoncia fuera de los canales autorizados representa un riesgo significativo para la salud pública. Muchos de los productos que circulan en el mercado informal carecen de registro sanitario vigente o tienen procedencia desconocida, lo que imposibilita garantizar su inocuidad y efectividad.
Según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, los elementos utilizados en ortodoncia, incluyendo brackets, arcos, ligaduras y alineadores, son clasificados como dispositivos médicos. Esta categorización se debe a que están diseñados específicamente para modificar, corregir o restaurar condiciones anatómicas y funcionales de la cavidad bucal. Por tanto, su fabricación, importación, distribución y uso deben estar estrictamente regulados.
Complementariamente, la Resolución 214 de 2022 establece condiciones específicas para los dispositivos médicos sobre medida bucal, exigiendo requisitos fundamentales como:
- Trazabilidad completa del producto
- Evaluación clínica previa del paciente
- Supervisión continua por parte de un odontólogo debidamente habilitado
- Cumplimiento de normas técnicas y sanitarias
Recomendaciones esenciales para proteger la salud bucal
Frente a este panorama preocupante, el Invima ha entregado una serie de recomendaciones clave para salvaguardar la integridad de los pacientes:
- Consultar exclusivamente con profesionales en odontología que cuenten con matrícula profesional vigente y estén habilitados por las autoridades sanitarias competentes.
- Exigir que todos los dispositivos utilizados dispongan de registro sanitario vigente o autorización oficial del Invima, verificación que puede realizarse a través de los canales institucionales de la entidad.
- Desconfiar de tratamientos "exprés" o de bajo costo que prometen resultados rápidos sin un diagnóstico previo, personalizado y exhaustivo.
- Evitar completamente la compra de alineadores, brackets u otros productos odontológicos a través de redes sociales, marketplaces informales o plataformas digitales no autorizadas, especialmente cuando se ofrecen a precios sustancialmente inferiores a los del mercado establecido.
- Comprender que la ortodoncia es un procedimiento clínico integral que impacta directamente la salud general del paciente, requiriendo diagnóstico especializado, planificación meticulosa y seguimiento profesional continuo.
El Invima ha reiterado que la ortodoncia mal ejecutada puede generar consecuencias irreversibles, afectando no solo la estética dental sino también la funcionalidad masticatoria, la salud periodontal e incluso la articulación temporomandibular. Finalmente, la entidad ha invitado a la ciudadanía a reportar cualquier producto sospechoso, práctica irregular o establecimiento no autorizado a través de sus canales oficiales, como parte fundamental del sistema de vigilancia sanitaria y la protección colectiva de la salud pública en Colombia.
