La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha dado inicio a una auditoría integral al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) debido a presuntas irregularidades detectadas en el sistema de salud de los docentes colombianos. La intervención, anunciada por el superintendente Daniel Quintero, busca verificar denuncias sobre cobros excesivos, mal manejo de recursos y deficiencias en la atención médica que afectan a más de 800.000 beneficiarios, incluyendo maestros y sus familias.
Detalles de la auditoría
Durante una rueda de prensa, Quintero explicó que la auditoría se centrará en revisar la facturación, el uso de los recursos y la calidad de los servicios prestados. Se han reportado casos donde los cobros superan hasta dos o tres veces los valores habituales, así como situaciones en las que se realizaron múltiples procedimientos médicos a un mismo paciente en un solo día, hechos calificados como aberrantes por la entidad.
La inspección no solo abarcará el periodo actual, sino también etapas anteriores, incluyendo la transición entre modelos de salud. El objetivo es identificar fallas estructurales que han impedido la implementación plena de un modelo preventivo e integral para los docentes.
Denuncias graves bajo la lupa
Además de las irregularidades en facturación, la Supersalud investiga denuncias graves como posibles cobros indebidos, exigencias de coimas a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para agilizar pagos, tráfico de afiliados y fallas en los sistemas de información. Quintero señaló que la auditoría también incluirá a Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los fondos del Fomag.
La Supersalud aclaró que, aunque no puede intervenir directamente el Fomag por tratarse de un régimen especial, sí tiene competencia para ejercer control sobre los recursos. La auditoría responde a una orden del presidente de la República y se enmarca en las facultades constitucionales de inspección y control sobre el sistema de seguridad social.
Compromiso con la transparencia
La entidad aseguró que el objetivo es esclarecer los hechos, corregir las fallas y garantizar una administración transparente de los recursos destinados a la salud del magisterio. Quintero reiteró que la salud de los docentes es una prioridad y que se tomarán las medidas necesarias para proteger sus derechos.
Actualmente, cerca de 800.000 beneficiarios dependen del sistema de salud del magisterio, lo que hace crucial asegurar su correcto funcionamiento. La Supersalud continuará informando sobre los avances de la auditoría y las acciones correctivas que se implementen.
