Acemi advierte sobre riesgos en salud por orden de liquidar EPS
La reciente orden del Gobierno Nacional para proceder con la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) consideradas en quiebra ha generado una fuerte reacción del sector asegurador, que alerta sobre graves consecuencias para la operación del sistema de salud y la atención médica de millones de colombianos.
Falta de claridad técnica en decisiones gubernamentales
En declaraciones exclusivas, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, manifestó su preocupación por la ausencia de soporte técnico en las directrices anunciadas. "No es claro nada de lo que dijo el presidente... lo que sí creemos es que nuevamente el Gobierno está jugando con la vida de los colombianos", afirmó Vesga durante una entrevista radial.
La controversia se intensificó tras la instrucción presidencial de liquidar las EPS que no cumplan con indicadores financieros establecidos, utilizando la expresión "dentro o fuera" que ha generado confusión en el sector.
Millones de afiliados en entidades intervenidas
Según el análisis de Acemi, las únicas EPS que actualmente podrían catalogarse como "quebradas" por indicadores patrimoniales son precisamente las ocho entidades que ya se encuentran bajo intervención gubernamental. Estas organizaciones agrupan aproximadamente 24 millones de afiliados y registran pérdidas patrimoniales que superan los 13 billones de pesos, cifra que según el gremio ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos dos años.
"Técnicamente, son las intervenidas las que hoy incumplen los indicadores", explicó Vesga, destacando la complejidad del panorama actual del sistema de salud colombiano.
Preocupación por reforma administrativa encubierta
Desde diversos sectores se interpreta que la directriz gubernamental podría estar orientada a avanzar una reforma al sistema de salud por vía administrativa, ante las evidentes restricciones para ejecutar traslados masivos de afiliados mediante la vía legislativa tradicional.
En este contexto, surge la hipótesis de que el objetivo final sería concentrar el aseguramiento en la Nueva EPS. "Se está intentando una reforma por la puerta de atrás", circula como lectura predominante dentro del gremio asegurador, generando intensos debates sobre el alcance real de las decisiones anunciadas.
EPS con deterioro patrimonial significativo
Entre las entidades mencionadas con deterioro patrimonial preocupante se encuentran:
- Famisanar
- Asmet Salud
- Coosalud
- Capresoca
Mientras tanto, las EPS privadas no intervenidas han logrado mantener sus operaciones en condiciones financieras exigentes, aunque con evidentes presiones sobre su liquidez y capacidad para cumplir obligaciones contractuales.
La incógnita financiera de Nueva EPS
Uno de los puntos más críticos del debate actual gira en torno a la situación financiera de la Nueva EPS, entidad hacia donde se proyectarían eventuales traslados masivos de afiliados. De acuerdo con información proporcionada por Acemi, esta organización no presenta estados financieros actualizados desde diciembre de 2023, generando serias dudas sobre su solvencia.
"Eso es una caja negra", afirmó Vesga al referirse a la ausencia de información pública confiable. Según estimaciones preliminares del gremio, los pasivos de Nueva EPS podrían ubicarse entre 15 y 20 billones de pesos, lo que amplificaría considerablemente el riesgo sistémico para todo el sector salud.
Llamado a la transparencia y evaluación técnica
El gremio asegurador ha planteado con firmeza que cualquier proceso de liquidación o traslado de afiliados debe considerar exhaustivamente la capacidad real del sistema y la sostenibilidad de la red prestadora de servicios de salud. "Antes de tomar decisiones, el Gobierno debe revelar la realidad financiera de la Nueva EPS", sostuvo Vesga, advirtiendo que una crisis en esta entidad tendría efectos devastadores sobre clínicas, hospitales y proveedores médicos en todo el territorio nacional.
En este escenario de incertidumbre, la discusión se centra fundamentalmente en la estabilidad del aseguramiento y la continuidad de la atención para millones de usuarios. Acemi ha insistido reiteradamente en que las medidas gubernamentales deben sustentarse en criterios técnicos verificables y en información financiera completa y transparente.
"Se requiere claridad sobre el impacto en la atención de los afiliados", concluyó la directiva gremial, enfatizando que las decisiones actuales afectarán profundamente la operación del sistema de salud en su conjunto, con posibles consecuencias para la calidad y oportunidad de la atención médica que reciben los colombianos.
