Acemi advierte sobre graves riesgos en liquidación de EPS en quiebra
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) manifestó una profunda preocupación frente a la determinación del Gobierno nacional de proceder con la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud que se encuentren en situación de quiebra. Esta medida, según el gremio, podría tener consecuencias devastadoras para la atención médica de millones de colombianos afiliados al sistema de salud.
Riesgo de colapso en Nueva EPS y traslados masivos
La agremiación alertó específicamente que los usuarios de estas entidades liquidadas serían trasladados principalmente hacia la Nueva EPS, generando una situación que, en su evaluación, podría desbordar completamente la capacidad tanto financiera como operativa de esta aseguradora. Este traslado masivo representaría una presión insostenible sobre los recursos y la infraestructura disponible.
Intervenciones administrativas sin protección real
De acuerdo con el análisis presentado por Acemi, las intervenciones administrativas que se han aplicado a varias EPS deberían tener como objetivo fundamental la protección de la atención a los usuarios. Sin embargo, el gremio sostiene con firmeza que la liquidación de las entidades intervenidas no solucionaría el problema estructural del sistema de salud colombiano, sino que, por el contrario, podría agravarlo significativamente.
"La liquidación de las EPS intervenidas no resuelve el problema de atención de los afiliados, por el contrario lo agrava", fue la contundente declaración emitida por la organización, subrayando el riesgo inmediato para los pacientes.
Llamado a esperar al próximo gobierno
Acemi también argumentó que no es prudente adoptar una decisión de esta magnitud en el contexto político actual, especialmente considerando el inminente cambio de gobierno en el país. La organización propone que el próximo Ejecutivo debería iniciar un diálogo técnico y mesurado con todos los actores del sistema para implementar un plan de estabilización a corto plazo.
Este plan tendría como meta garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud para todos los colombianos. "No es prudente ni procedente una medida de esta naturaleza cuando le corresponderá en breve al nuevo Gobierno implementar la estabilización de los servicios", indicó el gremio en su pronunciamiento oficial.
Impacto humano más allá de las entidades
En su comunicado, Acemi enfatizó que el proceso que conduce a la intervención y eventual liquidación de las EPS trasciende la simple desaparición de entidades. "La destrucción de las EPS, a través de su desfinanciamiento, su posterior intervención y ahora su liquidación, no se trata simplemente de desaparecer entidades, sino del cuidado de vidas, de pacientes y sus familias que hoy sufren por falta de atención", señaló la organización.
Por esta razón, el gremio hizo un llamado urgente al Ejecutivo para que analice y considere medidas alternativas que permitan enfrentar el desfinanciamiento del sistema de salud sin comprometer la atención médica de los afiliados.
Gobierno mantiene firmeza en la decisión
La decisión de liquidar las EPS en quiebra fue reiterada por el presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño. En dicha reunión, el mandatario instruyó a los ministros de Hacienda y Salud para que procedan con la liquidación de todas las EPS que se encuentren en esa situación, tras el fracaso de la reforma a la salud en el Congreso de la República.
"Las EPS que estén en quiebra se liquidan. Ya no tenemos alternativa, el Congreso no aprobó la reforma", afirmó el jefe de Estado, dejando clara la postura gubernamental.
Ocho EPS en la mira del proceso
Esta medida ha generado una ola de preocupación en todo el sector salud, ya que se estima que al menos ocho entidades promotoras de salud podrían verse afectadas directamente por el proceso de liquidación. Expertos y diversos actores del sistema han advertido que una decisión de esta envergadura podría desencadenar traslados masivos de afiliados, lo que ejercería una presión adicional y potencialmente crítica sobre las EPS que logren continuar operando en el país.
