Senadora Norma Hurtado lanza alerta urgente por caso de joven con biopolímeros en Barranquilla
La senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, ha emitido una alerta de carácter urgente tras conocer el dramático caso de Geraldine, una joven barranquillera que enfrenta una condición de salud crítica debido a la presencia de biopolímeros en su cuerpo. La congresista, autora de la Ley de Biopolímeros en Colombia, denuncia que este caso evidencia la grave desprotección que sufren las víctimas de estas sustancias en el país.
Un caso de dolor crónico y abandono institucional
Geraldine lleva más de 13 años padeciendo dolor crónico derivado de los biopolímeros en su organismo, situación que la ha obligado a consumir de manera prolongada el medicamento Tramadol. Este tratamiento ha tenido consecuencias devastadoras: actualmente se encuentra en estadio 4 de falla renal, ha perdido uno de sus riñones y el otro apenas funciona al 30% de su capacidad.
"El dolor me está matando. Me siento abandonada y decepcionada. Me retrasan las citas, no me realizan exámenes, no tengo tratamiento ni acceso a medicamentos. Le pido al Gobierno que me ayude", declaró la joven afectada.
A su deterioro renal se suma un cuadro severo asociado directamente a los biopolímeros, que le ha generado rigidez generalizada y la aparición de úlceras en su cuerpo. Pese a contar con un fallo de tutela que ordena su atención integral, Geraldine no ha recibido los servicios médicos urgentes por parte de la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida y bajo control del Gobierno Nacional.
Denuncia de incumplimiento legal y fallas sistémicas
La senadora Hurtado fue enfática al señalar que este caso no es aislado, sino el reflejo de las profundas fallas del sistema de salud colombiano. "Este caso es particularmente grave porque no solo se está incumpliendo una orden judicial, sino también una ley que protege a las víctimas de biopolímeros", afirmó la legisladora.
La Ley de Biopolímeros, de la cual Hurtado es autora, establece la obligación de garantizar atención integral, física y mental a las víctimas, incluyendo los procedimientos necesarios para la extracción de estas sustancias peligrosas. Sin embargo, según la senadora, la improvisación en la administración actual del sistema de salud está dejando sin protección a los pacientes, incluso cuando existen herramientas legales claras a su favor.
"Es inaceptable que, teniendo una ley vigente y un fallo de tutela, la paciente siga esperando mientras su salud se deteriora. No podemos permitir que las normas se queden en el papel y que las víctimas de biopolímeros y los pacientes en general sigan siendo invisibles para el sistema", agregó Hurtado.
Contexto de crisis en el sistema de salud
La situación de Geraldine se enmarca en un contexto más amplio de dificultades que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS para acceder a medicamentos y servicios de salud. Según testimonios recogidos, más de 350 personas se agolpan diariamente en los dispensarios farmacéuticos de esta entidad, muchas veces solo para recibir información sobre la disponibilidad de sus tratamientos.
Esta crisis institucional coincide con el anuncio de posibles liquidaciones de varias EPS en el país, medida que afectaría a más de 12 millones de usuarios y que ha generado preocupación sobre la continuidad de la atención médica para pacientes crónicos y en condiciones vulnerables.
El caso de la joven barranquillera pone en evidencia la urgencia de implementar mecanismos efectivos que garanticen el cumplimiento de las órdenes judiciales y la aplicación real de las leyes diseñadas para proteger a los pacientes, especialmente aquellos que, como las víctimas de biopolímeros, enfrentan condiciones médicas complejas y requieren atención especializada inmediata.
