Exsuperintendente de Salud arremete contra decisión presidencial de liquidar EPS
La polémica sobre el futuro del sistema de salud colombiano se intensificó considerablemente tras las contundentes declaraciones del exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien lanzó durísimas críticas contra la determinación del presidente Gustavo Petro de avanzar en la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud intervenidas. En un clima de elevada tensión institucional, el exfuncionario no solamente rechazó los señalamientos en su contra, sino que alertó sobre los peligros que esta medida podría ocasionar para millones de usuarios del sistema sanitario nacional.
"Infames, cínicas y descaradas": Aristizábal responde a acusaciones de Petro
Durante una entrevista radial, Aristizábal calificó como "infames, cínicas y descaradas" las acusaciones del mandatario, quien en un reciente Consejo de Ministros insinuó presuntos vínculos contractuales del exsuperintendente con diversas EPS. El exfuncionario fue absolutamente enfático en negar cualquier tipo de relación posterior a su salida del cargo público, afirmando con total contundencia: "Yo le puedo decir con absoluta tranquilidad que no tengo contratos con ninguna EPS ni con entidades vigiladas".
En ese sentido, defendió su amplia trayectoria en el sector salud, desarrollada antes de asumir funciones públicas, donde trabajó como asesor y consultor en diferentes niveles del sistema. Sin embargo, dejó completamente claro que en la actualidad no existe ningún conflicto de interés que pueda cuestionar sus declaraciones.
Cuestionamientos al manejo del RILCO y designación de interventores
Uno de los aspectos más sensibles del debate gira en torno al manejo del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), una herramienta diseñada específicamente para garantizar transparencia en la designación de quienes administran las entidades en crisis. Aristizábal explicó detalladamente que este sistema fue fortalecido durante su gestión con criterios técnicos y meritocráticos, incluyendo evaluaciones avaladas por la Universidad Nacional de Colombia.
No obstante, cuestionó severamente que el actual gobierno no esté utilizando adecuadamente este mecanismo fundamental. Según su advertencia, la designación de interventores sin la experiencia necesaria podría poner en grave riesgo la estabilidad de todo el sistema sanitario. "Hay interventores sin experiencia manejando entidades que protegen la vida de los colombianos", alertó con preocupación, señalando además que algunos nombramientos recientes responderían a decisiones poco técnicas y carentes del rigor necesario.
Liquidación de EPS: medida "predecible" pero mal gestionada
En cuanto a la liquidación de EPS, Aristizábal reconoció que se trata de una medida "predecible", dado el deterioro financiero extremo que enfrentan varias entidades. Sin embargo, criticó abiertamente el momento en que se toma esta decisión crucial, asegurando que muchas de estas EPS llegaron a un punto crítico tras largos procesos de intervención sin resultados efectivos concretos.
"El deterioro de estas entidades se ha triplicado durante las intervenciones, generando un riesgo sistémico en el sistema de salud", sostuvo con firmeza. Además, cuestionó por qué no se adoptaron decisiones más oportunas en el pasado, evitando así el impacto devastador que se anticipa en la actualidad.
Riesgo para 23 millones de usuarios y crisis inminente
Uno de los mayores temores expuestos por el exsuperintendente es el futuro inmediato de los usuarios del sistema. La liquidación de EPS en Colombia podría afectar directamente a aproximadamente 23 millones de afiliados, lo que equivale a cerca del 43% de la población total del país. Para Aristizábal, el traslado masivo de pacientes a otras entidades, muchas de ellas también intervenidas, podría agravar exponencialmente la crisis sanitaria.
"No pueden entregarle usuarios a entidades que tienen problemas financieros. Están jugando con la vida de los colombianos", advirtió con severidad. Recordó que durante su administración se logró la liquidación de 13 EPS con el traslado de aproximadamente 10 millones de usuarios a entidades más sólidas, lo que, según su perspectiva, evitó una crisis mayor en ese momento histórico.
Contexto complejo y entidades en la mira
El contexto actual es extraordinariamente complejo. El Gobierno ha defendido su decisión argumentando que las EPS están completamente quebradas, con deudas acumuladas que superan los 32 billones de pesos, lo que hace inviable su sostenibilidad a corto y mediano plazo. Además, ha señalado problemas estructurales de administración y presuntos manejos indebidos de recursos como factores clave en la crisis actual.
Dentro de las entidades intervenidas que entrarían en proceso de liquidación se encuentran:
- Nueva EPS
- Famisanar
- Coosalud
- Asmet Salud
- Emssanar
- Savia Salud
- Servicio Occidental de Salud
- Capresoca
Estas entidades en conjunto concentran millones de afiliados en todo el territorio nacional, representando una porción significativa del sistema de salud colombiano.
Caso crítico: Nueva EPS y su deuda exponencial
El caso más alarmante es sin duda el de la Nueva EPS, cuya deuda creció de manera exponencial en los últimos años, alcanzando cifras superiores a los 21 billones de pesos, con un patrimonio negativo que pone en riesgo extremo la atención de más de 11 millones de usuarios. A esta situación financiera catastrófica se suman problemas operativos graves como retrasos crónicos en la entrega de medicamentos, aumento sustancial de quejas y dificultades persistentes en la prestación de servicios médicos esenciales.
Advertencias de expertos y posición gubernamental
Expertos en salud pública han advertido consistentemente que la crisis del sistema de salud podría profundizarse dramáticamente durante el proceso de transición. La posible congestión en hospitales, la interrupción de tratamientos médicos vitales y las fallas sistemáticas en la atención son algunos de los riesgos más inmediatos que enfrentan los usuarios en este escenario de incertidumbre.
Por su parte, el Gobierno ha insistido en que no se trata únicamente de un problema financiero, sino también de gestión deficiente. El presidente Petro ha sido enfático en afirmar que no se deben seguir respaldando a los operadores privados que, según su visión, han administrado de forma ineficiente los recursos del sistema de salud colombiano.
Evaluación del Confis y panorama futuro
En medio de este panorama complejo, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) deberá evaluar minuciosamente la asignación de recursos para cubrir algunas obligaciones críticas, especialmente en el caso de la Nueva EPS, donde el Estado tiene participación directa. Esta evaluación determinará en gran medida la viabilidad del proceso de transición y la protección de los usuarios más vulnerables.
A pesar de las diferencias profundas entre las partes, el debate deja en evidencia contundente que el sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Mientras el Gobierno avanza en su propuesta de transformación estructural, voces autorizadas como la de Aristizábal advierten sobre los riesgos considerables de una transición mal gestionada.
La discusión, lejos de cerrarse, abre un escenario de incertidumbre prolongada en el que millones de colombianos esperan respuestas claras y concretas sobre cómo se garantizará efectivamente su derecho fundamental a la salud en medio de uno de los cambios más profundos del modelo actual. El sistema sanitario nacional se encuentra en una encrucijada histórica cuyas consecuencias afectarán a generaciones futuras.
