Crisis Judicial y Administrativa en Nueva EPS: Directivos con Orden de Arresto Desaparecen
En un hecho que pone en evidencia las profundas dificultades del sistema de salud colombiano, un juez de Barranquilla ha dictado una medida de arresto contra dos altos directivos de Nueva EPS. La orden judicial, emitida recientemente, establece un arresto de diez días para Eudes del Carmen Cueto Angulo, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo Gamarra, gerente regional norte, además de una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales.
Complicaciones en la Ejecución de la Orden Judicial
Sin embargo, la aplicación de esta sanción enfrenta obstáculos significativos. Cuando las autoridades policiales acudieron a las oficinas de Nueva EPS para ejecutar la orden, ambos funcionarios estaban ausentes. El asesor jurídico de la entidad informó que Cueto Angulo se encuentra actualmente incapacitada, aunque no proporcionó detalles específicos sobre su condición médica. Por otro lado, Fontalvo Gamarra fue trasladado a Bogotá desde diciembre de 2025 y ya no desempeña funciones en esa sede regional.
Esta situación ha dejado la orden de arresto en un limbo jurídico, pendiente de que el juzgado determine nuevas acciones o actualice las medidas contra los responsables. La imposibilidad de localizar a los sancionados ha generado preocupación no solo por el incumplimiento de la orden judicial, sino también por lo que revela sobre la gestión administrativa interna de la entidad de salud.
Contexto de Crisis Financiera Nacional
Este caso judicial ocurre en medio de un panorama crítico para Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país con más de 10,8 millones de afiliados. La organización enfrenta una grave crisis financiera que se ha intensificado en los últimos años. Su deuda creció aproximadamente un 198% entre 2022 y 2025, pasando de 5,42 billones a más de 21 billones de pesos, mientras su patrimonio continúa en cifras negativas.
La situación es parte de un problema más amplio que afecta a múltiples EPS en Colombia. El Gobierno nacional ha planteado la posible liquidación de varias entidades intervenidas, incluyendo Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. Esta medida impactaría a aproximadamente 23 millones de colombianos, lo que representa cerca del 43% de la población total del país.
Advertencias de Expertos y Respuesta Gubernamental
Especialistas en salud pública han alertado que este escenario podría desencadenar una crisis aún mayor en la atención médica nacional. Entre las consecuencias anticipadas se encuentran:
- Congestión significativa en hospitales y clínicas
- Retrasos considerables en tratamientos médicos especializados
- Fallos recurrentes en la entrega de medicamentos esenciales
- Aumento exponencial en las quejas de usuarios, que ya han registrado un crecimiento notable
Las autoridades gubernamentales han señalado que la problemática no se limita a una simple falta de recursos financieros. Existen indicios de fallas estructurales en la administración y posibles manejos indebidos de fondos dentro de algunas EPS. En este contexto complejo, se evalúan diversas medidas para garantizar la continuidad del servicio de salud, particularmente en aquellas entidades donde el Estado mantiene participación accionaria.
Reflejo de un Sistema en Transformación
El caso judicial en Barranquilla trasciende el simple incumplimiento de una orden judicial. Se ha convertido en un símbolo de los profundos desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano en su conjunto. Este momento histórico está marcado por una dualidad preocupante: por un lado, la incertidumbre sobre el futuro inmediato de millones de afiliados, y por otro, la urgencia apremiante de implementar soluciones estructurales que aborden las raíces del problema.
La desaparición de los directivos sancionados no solo complica el proceso judicial específico, sino que también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de las entidades de salud. Mientras las autoridades judiciales determinan los siguientes pasos, el caso continúa generando debate público sobre la necesidad de una reforma integral que garantice tanto la sostenibilidad financiera como la calidad en la prestación de servicios de salud para todos los colombianos.
