Secretarías de Bogotá responden al Concejo por proyecto que afectaría acceso a la IVE
Las Secretarías Distritales de Salud y de la Mujer han emitido pronunciamientos formales tras la aprobación en plenaria del Concejo de Bogotá del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, conocido como "Ruta por la Vida", dirigido a mujeres gestantes, lactantes y vida por nacer. Desde el Distrito se advierte sobre una clara falta de competencia y posibles riesgos constitucionales frente a esta iniciativa aprobada por el Cabildo capitalino.
Posición técnica y jurídica de la Secretaría de Salud
La Secretaría Distrital de Salud ha recordado con firmeza que la definición de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) es competencia exclusiva del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a lo establecido en la Resolución 3202 de 2016. Estas rutas son de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional y establecen los lineamientos técnicos fundamentales para garantizar la prestación integral de servicios de salud.
En ese marco institucional, la entidad precisó que en Bogotá "ya se implementa la ruta materno-perinatal", adoptada mediante la Resolución 3280 de 2018 y posteriormente modificada por la Resolución 051 de 2023. Según explicaron las autoridades sanitarias, esta ruta vigente contempla acciones específicas en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y garantiza el acceso a servicios seguros y de calidad, incluida la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), siempre en el marco del respeto a la autonomía y la autodeterminación reproductiva de las mujeres.
Concepto de no viabilidad de la Secretaría de la Mujer
Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer informó que, durante el trámite legislativo del Proyecto 340 en el Concejo de Bogotá, emitió un concepto formal de no viabilidad jurídica. La entidad sostuvo con argumentos constitucionales que algunas disposiciones del proyecto podrían resultar incompatibles con el estándar constitucional vigente en materia de derecho fundamental a la salud plena, derechos sexuales y reproductivos, y libre desarrollo de la personalidad.
La Secretaría advirtió específicamente que el uso aislado de la frase "alternativas a la IVE" podría desarticular el enfoque integral del derecho a la salud y no cumplir con el estándar constitucional de protección de los derechos sexuales y reproductivos establecido por la jurisprudencia colombiana.
Cuestionamientos sobre competencias y duplicidad normativa
Ambas entidades distritales coincidieron en señalar que la competencia para definir política pública en materia de IVE y expedir reglamentaciones correspondientes recae exclusivamente en el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, como lo estableció de manera contundente la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022.
Asimismo, indicaron que el Ministerio de Salud es el único ente facultado constitucionalmente para definir las RIAS y dictar los lineamientos técnicos y operativos en esta materia de salud pública. Las secretarías destacaron la preocupación por una posible duplicidad normativa que podría generar confusión institucional y afectar la prestación efectiva de servicios de salud reproductiva en la capital del país.
El debate entre las secretarías distritales y el Concejo de Bogotá refleja tensiones institucionales significativas sobre la implementación de políticas de salud reproductiva en el ámbito local, en un contexto donde la IVE ha sido reconocida como un derecho fundamental por la Corte Constitucional colombiana.
