Comunidad de Calamar lleva a Afinia a los tribunales por cortes eléctricos que afectan derechos fundamentales
En el municipio de Calamar, departamento de Bolívar, la energía eléctrica ha dejado de ser un servicio básico para convertirse en el centro de una profunda crisis que amenaza derechos fundamentales de sus habitantes. José del Carmen Pacheco, actuando como representante de la comunidad afectada, ha radicado una acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Calamar contra la empresa Afinia, a la que acusa de implementar "cortes programados fraudulentos" que vulneran la vida digna de la población.
La tutela que vincula a Presidencia y ministerios nacionales
Lo que hace particularmente significativa esta acción judicial es que no solo apunta a la empresa prestadora del servicio, sino que también vincula directamente a la Presidencia de la República y a los ministerios de Salud y Educación. El documento legal advierte que los constantes apagones están paralizando servicios vitales para la niñez y la población más vulnerable del municipio.
Según la tutela, Afinia habría implementado maniobras administrativas sin el conocimiento pleno de los suscriptores, derivando en lo que la comunidad califica como una "vulneración sistemática al debido proceso". La suspensión del servicio se estaría realizando de manera arbitraria, afectando directamente el mínimo vital de cientos de familias.
Impacto devastador en salud y educación
En una región donde las condiciones socioeconómicas ya son precarias y el calor es implacable, la falta de energía eléctrica tiene consecuencias catastróficas:
- Pérdida masiva de alimentos por falta de refrigeración
- Imposibilidad de estudiar para cientos de niños y jóvenes
- Riesgo vital para personas que dependen de equipos médicos en sus hogares
- Interrupción del desarrollo pedagógico en escuelas rurales y urbanas
- Cese de operaciones en centros de atención básica de salud
"Se encuentran vulnerados nuestros derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la educación, especialmente en contextos de vulnerabilidad como es el caso de nuestros niños", declaró José del Carmen Pacheco, quien cuenta con certificación de la Secretaría de Gobierno Municipal de Calamar como representante legítimo de la comunidad.
Medida provisional solicitada ante inminente perjuicio
Ante la gravedad de la situación, Pacheco ha solicitado al juez una Medida Provisional que obligue a Afinia a abstenerse de realizar cortes o suspensiones del servicio mientras se resuelve el fondo de la tutela. Esta medida busca garantizar que Calamar no quede a oscuras durante el proceso legal, evitando lo que califican como "un perjuicio irremediable" para la población.
El accionante ha adjuntado pruebas documentales que incluyen reclamaciones previas ante la empresa y actas de elección comunal que respaldan su legitimidad para representar a los afectados. La comunidad argumenta que la crisis eléctrica en Calamar ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un problema de Salud Pública y Educación que requiere intervención estatal inmediata.
Precedente histórico para el Caribe colombiano
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la tensa relación entre las empresas de servicios públicos y sus usuarios en numerosos municipios del Caribe colombiano. Mientras Afinia defiende su derecho a la sostenibilidad financiera y el cobro de la cartera, la comunidad de Calamar exige que el servicio se preste bajo principios de equidad, transparencia y respeto a la dignidad humana.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Calamar enfrenta ahora la responsabilidad histórica de decidir si el flujo eléctrico puede ser utilizado como medida de presión comercial o si, por el contrario, debe protegerse como el soporte vital de una sociedad que se niega a ser desconectada del desarrollo. Este fallo podría sentar un precedente jurídico crucial para cientos de municipios que enfrentan crisis similares con sus respectivos operadores energéticos en toda la región.
La decisión judicial no solo determinará el futuro del servicio eléctrico en Calamar, sino que establecerá parámetros importantes sobre cómo deben balancearse los derechos de las empresas prestadoras de servicios públicos con los derechos fundamentales de las comunidades, especialmente en contextos de vulnerabilidad socioeconómica donde la energía eléctrica es literalmente cuestión de vida o muerte.
