Eutanasia: Colombia lidera en práctica sin ley, mientras caso español reabre debate global
Colombia lidera en eutanasia sin ley; caso español reabre debate

Colombia: pionera en eutanasia sin ley del Congreso

Colombia se ha convertido en un referente regional en la práctica de la eutanasia, con más de 1.000 procedimientos realizados desde 2015, a pesar de no contar con una ley específica aprobada por el Congreso de la República. Esta singularidad coloca al país en una posición única en el debate global sobre el derecho a morir dignamente, donde la jurisprudencia y los avances administrativos han suplido la ausencia legislativa durante casi tres décadas.

El caso español que reabre el debate mundial

El fallecimiento de Noelia Castillo, de 25 años, en una residencia sociosanitaria cerca de Barcelona, ha puesto nuevamente en el centro de la agenda internacional el tema de la muerte asistida. Castillo, quien sobrevivió a un intento de suicidio tras una agresión sexual que la dejó con paraplejia y un 75% de incapacidad, se convirtió en la paciente más joven en acceder a la eutanasia en España desde la entrada en vigor de la ley en 2021.

Su caso estuvo marcado por una intensa batalla legal de casi dos años, donde su propio padre y una organización religiosa intentaron frenar el proceso hasta en instancias internacionales. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la suspensión cautelar, permitiendo que Castillo ejerciera su derecho a morir dignamente.

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La deuda legislativa colombiana de 30 años

Mientras España cuenta con una ley desde 2021, Colombia acumula casi 30 años de deuda legislativa en esta materia. Todo comenzó con la histórica Sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional, que reconoció el derecho fundamental a morir dignamente. Desde entonces, la Corte ha exhortado en múltiples ocasiones al Congreso para que legisle, pero al menos 22 proyectos de ley han fracasado en el camino.

El intento más reciente fue liderado por el representante Juan Carlos Lozada en julio de 2025, pero ni siquiera logró ser discutido en la Comisión Primera de la Cámara por falta de quórum. Esta brecha entre una Corte Constitucional avanzada y un Congreso renuente ha definido el panorama colombiano.

Un modelo que funciona sin ley

A pesar de la ausencia de ley, Colombia ha desarrollado un sistema robusto basado en jurisprudencia y regulación administrativa. El Sistema de Registro y Seguimiento de Eutanasia (SRSE), implementado mediante la Resolución 971 de 2021, permite conocer con detalle el número de solicitudes, comités activados y procedimientos realizados.

Para acceder a la eutanasia en Colombia, una persona debe cumplir tres condiciones fundamentales:

  • Manifestar consentimiento libre, informado e inequívoco
  • Tener diagnóstico de enfermedad grave e incurable que cause dolores insoportables
  • Activar un Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente

El procedimiento es completamente gratuito y está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Cifras que revelan un crecimiento exponencial

Los datos documentados por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) en su informe 'De Muerte Lenta' muestran una evolución significativa:

  • 1.044 procedimientos realizados desde 2015 hasta diciembre de 2024
  • 352 eutanasias solo en 2024, un aumento del 29,9% respecto al año anterior
  • 1.169 solicitudes registradas en 2024, un incremento del 200,5%
  • Edad promedio de solicitantes: 62,6 años
  • 74,6% de los casos corresponden a diagnósticos oncológicos

Estas cifras revelan no solo un crecimiento sostenido, sino también una mayor aceptación social del derecho a morir dignamente. Sin embargo, la tasa de aprobación sigue siendo baja: en 2024, solo tres de cada diez solicitudes fueron aprobadas, lo que evidencia las barreras de acceso que aún persisten.

El panorama mundial: un club selecto

Colombia forma parte de un reducido grupo de países donde la eutanasia o el suicidio médicamente asistido están legalmente regulados:

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  • Europa: Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Austria
  • América: Canadá, Colombia, Uruguay y diez estados de Estados Unidos más el Distrito de Columbia
  • Oceanía: Australia en algunos de sus estados

Suiza fue pionero al legalizar la muerte asistida en 1942, mientras que los Países Bajos aprobaron su ley de eutanasia en 2002, cinco años después de que Colombia la despenalizara jurisprudencialmente. Bélgica se destaca por ser el primer país en legalizar la eutanasia para menores de edad en 2014, una posibilidad que Colombia también permite desde 2017.

América Latina: avances desiguales

En la región, Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el primer país en aprobar la eutanasia por ley, tras un intenso debate legislativo donde el 62% de la población apoyaba la medida. En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó el procedimiento en 2024 para casos específicos, mientras que en Perú solo se ha permitido como excepción tras un fallo judicial favorable a Ana Estrada en 2021.

Argentina y Chile permiten desde 2012 que pacientes en estados terminales rechacen tratamientos que prolongan artificialmente la vida, pero sin regulación específica para eutanasia activa. México mantiene la prohibición a nivel federal, aunque Ciudad de México y varios estados permiten el rechazo de tratamientos paliativos.

La pendiente resbaladiza y el futuro

Investigadores de la Universidad Católica de Valencia advierten sobre lo que en bioética se denomina la "pendiente resbaladiza": la tendencia a que las legislaciones sobre eutanasia se vuelvan progresivamente más amplias y laxas respecto a los supuestos inicialmente contemplados. En Bélgica ya se registran solicitudes por enfermedades psiquiátricas, mientras que en Países Bajos los tribunales han eliminado varios de los límites iniciales.

Colombia ocupa una posición singular en este mapa global: es el país con la despenalización jurisprudencial más antigua de América Latina, el que más procedimientos acumula en la región y el que ha documentado con mayor detalle la evolución de su práctica. Con más de mil procedimientos realizados, una demanda creciente y casi tres décadas de deuda legislativa, el país demuestra que el derecho a morir dignamente puede consolidarse incluso sin una ley formal que lo ampare, aunque esa ausencia sigue siendo un obstáculo real para quienes intentan ejercerlo.