Nuevas reglas de Minsalud sobre territorialización de EPS generan preocupación en el sector salud
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ha emitido el Decreto 0182 de 2026, una normativa que regula la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional en Colombia. Esta disposición se suma a una serie de circulares y resoluciones emitidas por la cartera sanitaria en los últimos meses, generando un intenso debate sobre su viabilidad y posibles consecuencias.
Impacto en el aseguramiento y redistribución de usuarios
La nueva reglamentación establece mecanismos de limitación territorial de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), asignación obligatoria de afiliados, restricciones de participación territorial y redistribución del mercado del aseguramiento. Según estimaciones de Acemi, gremio que agrupa a las EPS, con la aplicación de estas reglas, la Nueva EPS pasaría a recibir 2,6 millones de nuevos usuarios, lo que representa un incremento del 22,6%.
"Las entidades intervenidas no están preparadas operativa ni financieramente para recibir más usuarios y la redistribución planteada modifica de manera sustancial el mapa del aseguramiento en Colombia", afirmó Ana María Vesga, presidenta de Acemi.
Adicionalmente, otras EPS intervenidas podrían enfrentar incrementos cercanos al 40% en su número de afiliados, mientras que las EPS asociadas a Acemi que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios con la redistribución proyectada.
Cuestionamientos legales y operativos
Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, aseguró que el decreto es ilegal, argumentando que los cambios propuestos deberían realizarse mediante una ley de la República y no vía decreto. "Lo que está planteando no se debe hacer vía decreto, sino por una ley de la República, ya que están modificando la estructura de la operación del aseguramiento", señaló Galán.
El experto también cuestionó que al menos 800.000 pacientes, dentro del total de 6,5 millones que serán trasladados, serán reasignados hacia EPS intervenidas que no operan con mayor eficiencia. "A esos pacientes los están deteriorando en su atención, porque los van a trasladar a EPS que no están funcionando bien", afirmó.
Afectación a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS)
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Colombia, incluyendo clínicas, hospitales, laboratorios y consultorios públicos y privados, enfrentan preocupaciones adicionales por cuenta del decreto. Un análisis de la Unión de IPS's Colombia (Unips) revela que el principal impacto se vería reflejado en la obligación estructural de contratación mínima del 60% con hospitales públicos.
Jorge Toro, presidente de Unips, advirtió que el decreto podría generar un colapso en la red prestadora, ya que muchas EPS redefinirían su contratación, lo que implicaría la cancelación de contratos establecidos y posible aumento de la cartera entre promotoras y prestadoras. "Hoy el decreto pone en alto riesgo la operación del aseguramiento en cada uno de los actores, pero el mayor damnificado es el usuario", reiteró Toro.
Riesgos para los pacientes y tratamientos especializados
La situación afectaría directamente a los usuarios del sistema, particularmente a aquellos que requieren tratamientos especializados. Augusto Galán señaló que "un paciente en esas circunstancias, que hoy está recibiendo un tratamiento por una enfermedad crónica, de alto costo, huérfana o rara, va a ser trasladado a un escenario en donde muy posiblemente no tienen la red para atenderlo".
El experto mencionó específicamente el caso de la Nueva EPS, que "está afectando la atención a pacientes con enfermedades raras de alto costo". Aunque reconoció que un sistema de salud no se apaga como un sistema energético, advirtió que probablemente habrá más barreras y dificultades en el acceso a medicamentos y servicios.
Perspectivas futuras y posibles revisiones
Ambos actores del sector prevén que el decreto podría ser reversado por el Consejo de Estado, debido a posibles vicios contra la restricción a la libertad económica, pues afectaría la libre competencia, escogencia, y limitaría la entrada y permanencia territorial de las EPS en el mercado.
Jorge Toro, de Unips, reconoció que la normativa de territorialización es necesaria, pero no en las condiciones actuales del sistema. "Ese decreto debió esperarse para cuando efectivamente tengamos un sistema de aseguramiento, con unas EPS que puedan garantizar condiciones distintas. No le podemos trasladar casi tres millones de usuarios a la Nueva EPS cuando no está en condiciones de atender los 11,5 millones que tiene hoy", afirmó.
La discusión continúa abierta mientras el sector salud colombiano enfrenta uno de sus momentos más críticos, con múltiples actores advirtiendo sobre los riesgos de implementar cambios estructurales sin las condiciones operativas y financieras adecuadas.
