Abogado de Coosalud presenta denuncia penal contra interventor por desacato judicial
En un nuevo capítulo del conflicto judicial alrededor de Coosalud EPS, el abogado Julián Quintana, representante legal de la entidad, anunció este lunes la radicación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el interventor Jorge Orlando Suárez. La acción legal se fundamenta en la supuesta negativa del funcionario a cumplir la orden del Tribunal Administrativo de Bolívar que suspendió provisionalmente la intervención forzosa de la EPS.
El conflicto judicial se intensifica
La denuncia penal incluye cargos por prevaricato por acción, usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial. Paralelamente, se presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por los mismos hechos. Esta acción legal ocurre después de que el tribunal suspendiera las resoluciones que ordenaron y prolongaron la intervención de Coosalud, medida que respondió a una acción popular que argumentaba la ineficacia de la toma forzosa realizada por la Superintendencia Nacional de Salud.
El gobierno mantiene posición firme
Pese a la orden judicial vigente, el Gobierno Nacional, a través de sus representantes, ha mantenido el control sobre la EPS. El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su rechazo a la decisión del tribunal, afirmando en redes sociales que "el magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia". Petro añadió que "necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye a los criminales".
Fundamentos del fallo judicial
El Tribunal Administrativo de Bolívar determinó suspender provisionalmente las resoluciones de intervención basándose en varios argumentos clave:
- La prolongación de la medida administrativa no logró los objetivos de saneamiento previstos
- Se profundizó el riesgo para los afiliados y el derecho a la salud
- Se registró un incremento del 21% en acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio
- Las quejas de usuarios aumentaron exponencialmente hasta alcanzar 107.252 PQR
- Los indicadores financieros mostraron deterioro significativo
El documento judicial señala específicamente que "el plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios, al punto de no contener una mejoría en la gestión de la administración". Además, el tribunal ordenó a la Contraloría y la Procuraduría realizar acompañamiento y vigilancia administrativa, financiera y técnica a la EPS.
Posiciones institucionales divergentes
Mientras la Superintendencia Nacional de Salud no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias, la Superintendencia de la Economía Solidaria informó que las decisiones del tribunal no aplican para la intervención que se mantiene sobre la cooperativa Coosalud. María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, reveló en entrevista radial que durante el proceso de intervención se han hecho "hallazgos sumamente graves" sobre Coosalud y la cooperativa.
Contexto legal y perspectivas
Es importante destacar que la medida cautelar de suspensión no constituye una decisión de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos cuestionados. El tribunal aclaró que su intervención busca "evitar la consolidación de un perjuicio irremediable y restaurar la eficacia de los principios de la función administrativa". El caso continúa desarrollándose en medio de tensiones entre los poderes judicial y ejecutivo, mientras los afiliados de la EPS esperan una solución definitiva que garantice la continuidad y calidad del servicio de salud.
