Organización de pacientes presenta denuncia penal contra ministro de Salud por presunto fraude judicial
La organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de pacientes en todo el territorio nacional, ha presentado una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. La acusación se fundamenta en la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial, tipificado en el artículo 454 del Código Penal colombiano.
Incumplimiento sistemático de órdenes constitucionales
Según el documento radicado ante las autoridades judiciales, la denuncia se sustenta en un supuesto incumplimiento consciente, reiterado y material de diversas órdenes emitidas por la Corte Constitucional. Estas disposiciones judiciales forman parte del seguimiento a la histórica Sentencia T-760 de 2008 y sus respectivos autos de cumplimiento.
El núcleo de la controversia se centra específicamente en decisiones y omisiones relacionadas con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los denominados Presupuestos Máximos. Estos últimos constituyen los recursos destinados a financiar servicios y tecnologías en salud que no están cubiertos por el sistema regular de capitación.
Autos constitucionales específicamente vulnerados
En el texto de la denuncia se enumeran varios autos de la Corte Constitucional que, según los denunciantes, habrían sido sistemáticamente ignorados por el Ministerio de Salud:
- Auto 2881 de 2023
- Auto 2049 de 2024
- Auto 007 de 2025
- Auto 504 de 2025
- Auto 2049 de 2025
Según Pacientes Colombia, en todos estos pronunciamientos judiciales se realizaron llamados específicos y contundentes sobre la necesidad de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud colombiano. No obstante, el Ministerio habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado por el máximo tribunal constitucional.
Prácticas administrativas cuestionadas
La denuncia detalla una serie de actuaciones administrativas que, según los pacientes, configurarían el patrón de incumplimiento:
- Falta de expedición de un acto administrativo que unificara los Presupuestos Máximos para toda la vigencia anual
- Realización de pagos tardíos e insuficientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud
- Definición del valor de la UPC basándose exclusivamente en la inflación, sin considerar estudios técnicos completos
La Corte Constitucional, según el comunicado de Pacientes Colombia, habría calificado estas conductas como "incumplimientos generales en materia de suficiencia financiera" del sistema de salud.
Mesas técnicas como mecanismo formal sin sustancia
Uno de los aspectos más controvertidos de la denuncia se refiere al desarrollo de las mesas técnicas ordenadas por la Corte Constitucional para revisar la suficiencia de la UPC. Según el escrito presentado ante la Fiscalía, estos espacios de diálogo se habrían convertido en mecanismos meramente formales, carentes de deliberación real y efectiva.
Las organizaciones de pacientes, gremios y otros actores del sistema denuncian que sus aportes técnicos fueron sistemáticamente ignorados y que no se garantizó una participación efectiva en estos espacios. Incluso, según la denuncia, voceros del Ministerio habrían manifestado abiertamente en dichas mesas "la decisión de no cumplir plenamente las órdenes judiciales".
Impacto directo en la vida de los pacientes
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó con contundencia la gravedad de la situación: "Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país". En su declaración, incluida formalmente en la denuncia, Silva sostiene que la conducta atribuida al ministro constituye "un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces".
Solicitudes específicas a la Fiscalía
Los denunciantes han formulado varias peticiones concretas a la Fiscalía General de la Nación:
- Investigación de la responsabilidad penal individual del ministro Jaramillo por presunto fraude a resolución judicial
- Investigación de otros delitos que puedan derivarse del proceso
- Adopción de medidas cautelares urgentes para proteger a denunciantes y testigos ante posibles represalias
- Evaluación de una eventual suspensión temporal de las funciones ministeriales relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos
Para Pacientes Colombia y los demás firmantes, estas medidas resultarían absolutamente necesarias para evitar que se prolongue un escenario de desfinanciamiento que, según advierten, ya estaría afectando la atención, la oportunidad y la continuidad de los servicios de salud en todo el territorio nacional.
Respaldos institucionales y llamado final
El documento presentado ante la Fiscalía cuenta con el respaldo de voceros y directivos de diversas organizaciones, entre ellos Denis Honorio Silva Sedano, director de la Asociación Colombia Saludable y vocero principal de Pacientes Colombia; Gustavo Adolfo Campillo Orozco, representante de la Fundación Rasa; y Diego Fernando Gil Cardozo, director de FECOER.
La organización reiteró su llamado a que se respeten de manera estricta las decisiones de la Corte Constitucional y a que se adopten, sin más dilaciones, medidas estructurales que garanticen la suficiencia de los recursos del sistema de salud. En su pronunciamiento final, Pacientes Colombia insistió en que el objetivo central de la denuncia es la protección real del derecho fundamental a la salud de toda la población colombiana.
