Organizaciones de pacientes presentan denuncia penal contra ministro de Salud por incumplimiento de órdenes judiciales
La crisis del sistema de salud colombiano ha tomado un giro judicial significativo con la presentación formal de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. La acción legal fue interpuesta por Pacientes Colombia, una coalición que agrupa a 202 asociaciones de pacientes, junto con diversas organizaciones civiles y ciudadanos afectados por las deficiencias del sistema.
Acusación por fraude a resolución judicial
La denuncia se centra específicamente en la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial, tipificado en el artículo 454 del Código Penal colombiano. Según los documentos presentados, el ministro Jaramillo habría incumplido de manera "consciente, reiterada y material" las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la histórica Sentencia T-760 de 2008.
Estas órdenes judiciales exigen garantizar la suficiencia financiera de dos elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema de salud:
- La Unidad de Pago por Capitación (UPC)
- Los presupuestos máximos destinados a servicios no cubiertos por la UPC
Omisiones específicas del Ministerio de Salud
La denuncia detalla que el Ministerio de Salud ha persistido en prácticas contrarias a lo ordenado por la Corte Constitucional, a pesar de las advertencias explícitas contenidas en múltiples autos emitidos entre 2023 y 2025. Entre las principales faltas señaladas se encuentran:
- Falta de unificación presupuestal: Ausencia de un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, generando incertidumbre en la prestación de servicios.
- Pagos tardíos e insuficientes: Realización de transferencias financieras con retrasos significativos y montos que no cubren las necesidades reales del sistema.
- Cálculo deficiente de la UPC: Determinación del valor de la Unidad de Pago por Capitación basada únicamente en índices de inflación, ignorando los estudios técnicos completos requeridos por la Corte Constitucional.
Estas acciones, según los denunciantes, han puesto en grave riesgo la estabilidad del sistema de salud nacional y comprometen directamente la garantía del derecho fundamental a la salud de millones de colombianos que dependen de medicamentos y tratamientos continuos.
Críticas a las mesas técnicas y falta de transparencia
El documento de denuncia también cuestiona severamente la implementación de las mesas técnicas ordenadas por la Corte Constitucional para revisar la suficiencia de la UPC. Según Pacientes Colombia, estos espacios de diálogo se convirtieron en un "mecanismo meramente formal" sin deliberación real ni capacidad de incidencia en las decisiones finales.
Los denunciantes señalan que durante estos procesos hubo restricciones significativas de acceso a la información y que las decisiones ya estaban predeterminadas por el Ministerio de Salud, ignorando sistemáticamente las aportaciones técnicas presentadas por gremios médicos, asociaciones de pacientes y expertos en el sector.
Impacto directo en la vida de los pacientes
"Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país", enfatiza el documento presentado ante la Fiscalía. La coalición denunciante sostiene que la conducta del ministro Jaramillo constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes, utilizando actos que aparentan cumplimiento pero que resultan ineficaces en la práctica.
Por estas razones, las más de 200 organizaciones solicitan formalmente a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad penal individual del ministro de Salud por estas conductas, así como por cualquier otra irregularidad que pueda determinarse durante el proceso investigativo.
Esta denuncia marca un punto crítico en la relación entre las organizaciones de pacientes y el gobierno nacional, evidenciando la profundidad de la crisis en el sistema de salud colombiano y la desconfianza creciente en la capacidad de las instituciones para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos.
