Disputa por control de Coosalud alcanza niveles críticos de tensión jurídica
El conflicto por el control de la EPS Coosalud ha escalado a nuevos niveles de tensión jurídica tras las denuncias presentadas por el abogado penalista Julián Quintana, quien representa legalmente al representante legal de la entidad, Jaime González. En declaraciones exclusivas, Quintana reveló que el Gobierno nacional se ha negado sistemáticamente a acatar un fallo emitido por el Tribunal de Bolívar, el cual ordena la devolución inmediata de la entidad promotora de salud a sus antiguos administradores.
Presunto desacato y 'contraórdenes' gubernamentales
El jurista sostiene que la decisión judicial es contundente y no admite interpretaciones alternativas: la EPS debe regresar al estado previo a la intervención, lo que implica reintegrar inmediatamente a Jaime González y a Natalia Lago en sus cargos directivos. Quintana relató con detalle cómo el pasado viernes se inició un proceso formal de empalme con la presencia de representantes de la Contraloría General y la Alcaldía correspondiente, pero este procedimiento fue interrumpido abruptamente por órdenes superiores.
"Comenzamos el empalme y comenzaron a transmitir la información técnica y administrativa... Cuando llega un momento crítico en que el interventor designado afirma: '¿Sabe qué? No les voy a entregar la administración porque me llegó una contraorden explícita'", denunció el abogado, señalando que dicha instrucción provino directamente de la Superintendencia Nacional de Salud.
Medidas drásticas y denuncias penales anunciadas
Ante esta situación de aparente desacato institucional, la defensa legal anunció medidas drásticas e inmediatas: "El equipo jurídico tomó la decisión firme de interponer una denuncia penal en contra de ese interventor y también una queja disciplinaria de carácter formal; igual procedimiento vamos a realizar con la superintendenta actual", afirmó Quintana durante su intervención pública.
Acusaciones de fraude procesal y prevaricato administrativo
Para el representante legal, la demora injustificada en la entrega de la EPS constituye un "fraude a resolución judicial" y un "prevaricato administrativo evidente". El jurista recordó que esta no es la primera ocasión en que se enfrentan a incumplimientos por parte del Ejecutivo nacional, mencionando específicamente que el presidente Gustavo Petro ya fue sancionado anteriormente con quince salarios mínimos legales por no cumplir con órdenes de retractación a favor de Jaime González.
Quintana también alertó sobre una posible maniobra coordinada para remover definitivamente a González de su posición: "Convocan a una junta extraordinaria que realizarán el próximo viernes para seguramente destituir a Jaime y nombrar al allegado de Gustavo Petro, los mismos actores que han desfalcado sistemáticamente a Coosalud durante el prolongado periodo de intervención".
Desmentido categórico a acusaciones de financiación política
Finalmente, el abogado desmintió categóricamente las acusaciones públicas de la superintendente de Economía Solidaria sobre una presunta financiación de campañas políticas por parte de González, calificándolas como "una gran mentira fabricada" y anunciando nuevas denuncias por injuria y calumnia contra los funcionarios involucrados.
"No pueden jugar irresponsablemente con la honra y la reputación de las personas diciendo mentiras flagrantes para que los colombianos se crean unos relatos ficticios que no existen en la realidad", concluyó el jurista, enfatizando la gravedad de las acusaciones falsas en el contexto del proceso judicial en curso.
