Supersalud advierte sobre embargos masivos en EPS que ponen en riesgo la atención médica
La Superintendencia Nacional de Salud ha emitido una alerta urgente ante los embargos judiciales que afectan billonarios recursos del sistema de salud en Colombia, una situación que genera creciente preocupación entre las autoridades. Según datos con corte al 22 de enero de 2026, la entidad identificó embargos en EPS con medidas de intervención forzosa administrativa que superan los COP $2,6 billones, cifra que amenaza directamente la prestación de servicios médicos.
Distribución de los embargos en las principales EPS
De este monto total, Nueva EPS concentra cerca de COP $2,1 billones, lo que representa la mayor parte de los recursos afectados. Le siguen en la lista:
- Coosalud EPS con aproximadamente COP $341 mil millones.
- Asmet Salud con COP $137 mil millones.
- Cajacopi EPS (ahora Proteger EPS, bajo vigilancia especial) con COP $43 mil millones.
- Emssanar EPS con alrededor de COP $39 mil millones.
Además, se registraron 36 embargos adicionales en EPS sin medidas de intervención administrativa, que suman más de COP $32 mil millones, con mayor concentración en entidades como Mallamas EPS-I, Capital Salud EPS, Compensar EPS, Sanitas y Salud Total EPS. Estos procesos se evidencian principalmente en regiones como Caquetá y Huila, así como en la ciudad de Bogotá, con la participación recurrente de algunos demandantes en múltiples casos.
Impacto directo en la atención médica y advertencias de la Supersalud
Para la Supersalud, la afectación de estos recursos compromete de manera directa la prestación de servicios de salud, ya que están destinados específicamente a pagar consultas, tratamientos, medicamentos y otras necesidades de los usuarios. La entidad insiste en que estos fondos tienen una naturaleza especial, no son recursos cualquiera, sino dineros públicos esenciales para garantizar la continuidad y oportunidad en la atención médica.
En este contexto, la Supersalud lanza una advertencia concreta: los embargos podrían generar una cadena de problemas graves, incluyendo:
- Retrasos en pagos a prestadores, afectando a clínicas y hospitales.
- Aumento de quejas y acciones judiciales por parte de los usuarios.
- Mayores riesgos para la operación de las EPS, lo que terminaría impactando directamente a los pacientes en su acceso a tecnologías y atención médica.
Recursos inembargables y fallas en los canales de negociación
Frente a esta situación, la entidad reitera que los recursos del sistema son inembargables y no forman parte del patrimonio de las EPS, por lo que no pueden ser utilizados para cubrir deudas o procesos legales de estas entidades. Detrás de estos embargos, suelen encontrarse peticiones de clínicas u hospitales que buscan que las EPS les paguen deudas pendientes por servicios ya prestados.
En muchos casos, ante retrasos prolongados, los prestadores acuden a vías judiciales para intentar recuperar esos recursos. Que estas solicitudes hayan llegado a un juez sugiere, como reconocía Nueva EPS hace unos meses, que los canales de negociación entre EPS y prestadores están enfrentando dificultades o no están resolviendo los pagos a tiempo, lo que agrava la crisis en el sistema de salud.
