Famisanar responde con acciones legales tras denuncias de Rohi IPS
La EPS Famisanar emitió un comunicado oficial este 16 de febrero de 2026 rechazando de manera categórica las acusaciones de extorsión, coacciones y retaliaciones presentadas por Rohi IPS. La aseguradora anunció que ya radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el gerente de Rohi IPS, Luis Carlos Bermúdez, por el delito de calumnia.
Negación total de las acusaciones
En su pronunciamiento, Famisanar calificó las afirmaciones de Rohi IPS como "falsas y peligrosas", señalando que carecen completamente de soporte probatorio. La EPS sostuvo que estas denuncias no solo afectan su gestión institucional, sino que también ponen en riesgo la honra, el buen nombre y la seguridad personal del agente especial interventor Germán Darío Gallo y otros funcionarios señalados.
La respuesta de Famisanar llega horas después de que Rohi IPS hiciera pública una detallada narración de hechos ocurridos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, donde describió:
- Supuestas exigencias económicas ilegales
- Presiones para entregar dádivas
- Condicionamientos para el pago de una cartera que supera los 17.000 millones de pesos
- Retiro progresivo de más de 3.000 pacientes crónicos
Controversia sobre la terminación del contrato
Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno a la terminación del contrato entre ambas entidades. Mientras Rohi IPS sostiene que fue retirada de manera arbitraria y retaliatoria tras negarse a acceder a supuestas exigencias ilegales, Famisanar afirma que fue la propia IPS quien decidió poner fin al vínculo contractual.
Según el comunicado de la EPS, existe una comunicación formal fechada el 29 de diciembre de 2025 en la que Rohi IPS notificó unilateralmente la terminación del contrato, dejando sin atención inmediata a cerca de 4.000 afiliados.
Irregularidades detectadas en la prestación del servicio
Famisanar señaló que desde el inicio de la intervención detectó múltiples irregularidades en la prestación del servicio por parte de Rohi IPS, entre las que menciona:
- Presuntas adulteraciones en la facturación
- Cobros por servicios prestados a usuarios fallecidos
- Negligencias en la atención médica
- Utilización de personal de salud sin inscripción vigente en el RETHUS
- Inconsistencias en los soportes documentales
- Deficiencias operativas y de facturación
La EPS aseguró que estos hallazgos están documentados y forman parte de los soportes entregados a la Fiscalía General de la Nación.
Debate sobre el retiro de pacientes y libre escogencia
Otro eje de la controversia es el retiro de población y el debate sobre la libre escogencia. Rohi IPS aseguró que miles de pacientes, muchos de ellos población con discapacidad y protección especial, manifestaron su deseo de continuar con la IPS y denunciaron fallas en la atención tras su traslado a otro prestador.
Famisanar, en cambio, sostiene que esas solicitudes no fueron espontáneas, sino el resultado de una estrategia promovida por la propia Rohi IPS, que habría distribuido formatos preelaborados de PQR para que los usuarios los firmaran y radicaran, invocando el derecho a la libre escogencia.
Cuestionamientos a las pruebas presentadas
El comunicado de Famisanar también cuestiona que Bermúdez haya utilizado fotografías de personas homónimas de funcionarios de la EPS para sustentar sus denuncias, con el fin —según la aseguradora— de atribuirles conductas delictivas inexistentes.
Asimismo, la EPS señaló que algunas de las reuniones y conversaciones descritas por Rohi IPS habrían involucrado a personas que no pertenecen a Famisanar ni forman parte de sus procedimientos internos.
Defensa de la gestión de la intervención
En su cierre, Famisanar defendió la gestión de la intervención y afirmó que más de 2.500 trabajadores continúan prestando servicios "con resultados, transparencia y respeto" a los afiliados en todo el país, pese a lo que califica como ataques y acusaciones infundadas.
La EPS reiteró que ninguna de las imputaciones de extorsión, cohecho o amenazas tiene respaldo documental verificable y que, por el contrario, se trata de señalamientos que buscan deslegitimar las actuaciones administrativas adoptadas durante la intervención.
