Gobierno establece hoja de ruta estricta para recuperación de Nueva EPS tras prorrogar intervención
Tras varios días de incertidumbre jurídica que dejó a la Nueva EPS sin un liderazgo claro, el Gobierno Nacional prorrogó oficialmente la intervención de la aseguradora y designó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como su nuevo interventor. La resolución, conocida en exclusiva, no solo extiende la medida por un año, sino que establece plazos concretos y una estricta hoja de ruta para lograr la recuperación de la entidad, un objetivo que no se ha alcanzado en más de dos años de intervención previa.
Plazo definido y condiciones exigentes
El documento gubernamental establece en su artículo primero la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, junto con la intervención forzosa administrativa de Nueva EPS desde el 10 de abril de 2026 hasta el 10 de abril de 2027. Esta decisión despeja el vacío jurídico generado tras el vencimiento de la medida anterior el 3 de abril, aunque de facto la intervención existía desde que la Superintendencia de Salud la ordenó el 4 de abril de 2024.
Además, la resolución ordena al saliente interventor, Luis Oscar Galves, entregar una rendición de cuentas completa sobre su gestión durante el tiempo que controló la entidad. Más allá de simplemente extender la intervención, el Gobierno impone condiciones que evidencian la magnitud de la crisis que enfrenta la EPS, que atiende a más de 11,7 millones de afiliados en todo el territorio nacional.
Plan obligatorio en 30 días para múltiples frentes críticos
El documento ordena al nuevo interventor, Jorge Iván Ospina, presentar en un plazo máximo de 30 días calendario desde su posesión un plan de trabajo integral que será evaluado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS. Este plan deberá responder a múltiples frentes críticos que van desde la atención de usuarios hasta la recuperación financiera completa de la entidad.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la orden expresa de resolver de fondo las reclamaciones en salud, con prioridad absoluta en los casos clasificados como "riesgo vital". Esta instrucción apunta directamente al deterioro en la capacidad de respuesta de la EPS, que ha encabezado el ranking nacional de quejas con más de 518.000 reclamos en 2025 y, según reportes internos, acumula más de 120.000 tutelas que ni siquiera han sido abiertas para su trámite.
Evaluación de red de prestadores y crisis de pagos
La resolución exige además una evaluación detallada y exhaustiva de la red de prestadores para garantizar acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. Esta medida responde a un problema ya visible y creciente: numerosas clínicas y hospitales han suspendido la atención a afiliados de Nueva EPS por falta de pagos recurrentes y deudas acumuladas.
Casos emblemáticos como los de la Clínica Avidanti en Manizales, la Clínica San Rafael en Armenia y la Clínica Primavera en Villavicencio reflejan la gravedad del deterioro en la red de servicios y la urgencia de implementar soluciones estructurales. El documento gubernamental reconoce explícitamente este rezago y lo convierte en una de las principales tareas asignadas al interventor designado.
Eje financiero: estrategias para saldar deudas y recuperar liquidez
La resolución dedica un capítulo completo y prioritario a la recuperación financiera de la entidad. Ordena implementar medidas de salvamento que permitan a la EPS cumplir con las condiciones de solvencia exigidas por el sistema de salud colombiano, incluyendo el diseño de estrategias específicas para el recaudo de cartera ante entidades territoriales, la Adres y otros deudores significativos.
Además, establece la obligación de crear un plan de pagos estructurado que garantice la cancelación progresiva pero efectiva de las obligaciones pendientes con clínicas, hospitales y proveedores médicos. El énfasis en este punto no es menor considerando que las deudas exactas de Nueva EPS permanecen en la opacidad, pues desde que inició su intervención en 2024 los estados financieros no han sido presentados ni actualizados oficialmente.
Gestión de riesgo y reducción de tutelas
El documento también ordena mejorar sustancialmente la gestión del riesgo en salud, incluyendo estrategias específicas para reducir la siniestralidad y fortalecer el modelo de atención con enfoque preventivo y predictivo. En paralelo, se exige implementar medidas concretas que reduzcan la interposición de acciones de tutela, las cuales se han disparado exponencialmente en medio del deterioro generalizado del servicio.
Para expertos en el sector como el exministro de Salud, Augusto Galán, el aumento descontrolado de tutelas y quejas es una señal clara de que la situación de la EPS ha empeorado considerablemente, en parte por la falta de información financiera transparente y la inestabilidad administrativa crónica que ha caracterizado a la entidad en los últimos años.
Supervisión integral y control total de operaciones
La resolución establece además una supervisión integral y permanente sobre la operación completa de la entidad. El interventor deberá revisar minuciosamente todos los contratos con prestadores, liquidar acuerdos ya terminados, hacer seguimiento estricto a los vigentes y adoptar medidas correctivas frente a cualquier incumplimiento detectado.
Adicionalmente, tendrá que monitorear todos los procesos jurídicos en curso contra la EPS, con el fin explícito de mejorar su defensa técnica y garantizar una gestión oportuna y efectiva. Se trata de un control total sobre una entidad que ha experimentado múltiples cambios de liderazgo desde 2024, lo que ha dificultado cualquier intento serio de estabilización operativa y financiera.
Del limbo jurídico a una intervención reforzada
La expedición de esta resolución marca un punto de inflexión significativo en el proceso de intervención. Durante al menos seis días críticos, Nueva EPS estuvo en un limbo jurídico preocupante tras el vencimiento de la anterior intervención sin una decisión clara y oportuna del Gobierno Nacional.
En ese contexto de incertidumbre, la Superintendencia Nacional de Salud había señalado que el caso estaba siendo evaluado jurídicamente por la Presidencia de la República, en conjunto con la superintendencia ad hoc, para definir las medidas más apropiadas a adoptar. Ahora, con la intervención prorrogada por un año más, el Gobierno no solo retoma el control formal de la entidad, sino que reconoce explícitamente la profundidad de la crisis y la necesidad imperiosa de una intervención más estricta, estructurada y supervisada.
El desafío, sin embargo, sigue siendo monumental. La combinación tóxica de deudas millonarias, opacidad financiera persistente, deterioro acelerado en la atención médica y pérdida de confianza tanto de prestadores como de usuarios deja a Nueva EPS en una situación crítica que requerirá esfuerzos coordinados, recursos significativos y una ejecución impecable del plan de recuperación para ser revertida efectivamente.
