Procuraduría recibe solicitud urgente para intervenir en caso de Nueva EPS
La Procuraduría General de la Nación ha recibido una petición formal para activar sus competencias de control preventivo en el polémico caso de la Nueva EPS, tras denuncias sobre posibles vacíos legales en su intervención. El documento, firmado por Gabriel Jaime Vallejo, director nacional del Centro Democrático, solicita específicamente una visita administrativa inmediata a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), entidad encargada de vigilar el sistema de salud colombiano.
Cuestionamientos sobre la legalidad del proceso
La preocupación central gira en torno a la legalidad del proceso de intervención. Según el texto presentado, existen indicios sólidos de que la Supersalud no habría cumplido con el proceso administrativo establecido para ordenar una nueva toma de posesión de la entidad promotora de salud. El señalamiento es grave: presuntamente, la entidad reguladora tampoco habría seguido los procedimientos internos requeridos para ejecutar la intervención forzosa administrativa destinada a administrar la Nueva EPS.
Falta de soportes documentales y designación cuestionada
El documento advierte sobre una posible ausencia de soportes documentales que respalden la decisión. La Superintendencia, según la denuncia, no contaría con los respaldos necesarios que acrediten el cumplimiento del trámite que dio lugar a esta medida especial. Las dudas se extienden al nombramiento del interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, quien según el texto no figura en el registro oficial Rilco vigente y cuya designación carecería de fundamento suficiente según la normativa aplicable.
Además, se cuestiona que el interventor designado presuntamente no cumpliría con los requisitos de experiencia e idoneidad exigidos para asumir la administración de una entidad del tamaño y complejidad de la Nueva EPS, lo que agrava las preocupaciones sobre posibles irregularidades en el proceso administrativo adelantado.
Alcance nacional amplifica los riesgos
La magnitud de la entidad involucrada hace que esta situación sea particularmente preocupante. La Nueva EPS concentra más de 11,5 millones de afiliados en todo el territorio nacional, representando más del 20% de las atenciones en salud del país, con presencia activa en todos los municipios colombianos. Este alcance amplifica significativamente los riesgos señalados en la solicitud.
Solicitudes específicas de acción inmediata
En este contexto crítico, la solicitud enfatiza la necesidad de una actuación inmediata y contundente. Se pide específicamente que la Procuraduría:
- Realice una inspección presencial en las instalaciones de la Supersalud
- Exija la entrega de información completa sin posibilidad de aplazamientos
- Verifique quién ha ejercido la representación legal de Nueva EPS tras el vencimiento de la intervención
- Consolide informes con eventual incidencia disciplinaria
El objetivo fundamental es garantizar que los funcionarios de la Superintendencia hayan cumplido cabalmente con el marco jurídico y los procedimientos establecidos en la regulación del sistema de salud colombiano.
Preocupaciones sobre continuidad legal y gobernanza
La verificación cobra especial relevancia considerando que la medida de intervención fue ordenada inicialmente en abril de 2024 y posteriormente prorrogada en abril de 2025. Este cronograma abre interrogantes sustanciales sobre la continuidad de la administración bajo sustento legal adecuado y plantea un posible vacío de gobernanza en la entidad.
Protección del derecho fundamental a la salud
El trasfondo de toda esta solicitud es la protección del derecho fundamental a la salud, establecido en la Ley 1751 de 2015 como un derecho autónomo que debe ser garantizado por el Estado. Cualquier irregularidad en la intervención de una entidad de esta magnitud podría traducirse en afectaciones directas en la prestación de servicios de salud, especialmente en territorios apartados donde la Nueva EPS tiene presencia determinante y muchas veces exclusiva.
Seguimiento integral solicitado
El documento también solicita un seguimiento integral a la entidad en múltiples frentes:
- Administrativo: Verificación de procedimientos y cumplimiento normativo
- Financiero: Revisión de la ordenación del gasto y manejo de recursos
- Asistencial: Garantía de continuidad y calidad en la atención de usuarios
Esta solicitud introduce además un componente de control político e institucional significativo. La intervención de la Procuraduría, de concretarse, implicaría un escrutinio directo y exhaustivo sobre la actuación de la Supersalud en un caso de alto impacto nacional que afecta a millones de colombianos en su acceso a servicios de salud esenciales.
