La orden presidencial de liquidar EPS en crisis: una medida que pone en vilo a millones de colombianos
Existen determinaciones que, aunque en los documentos oficiales aparecen como técnicas, en la realidad cotidiana tienen un impacto profundamente humano. El ámbito de la salud pública es quizás el escenario donde esta diferencia se manifiesta con mayor crudeza. Por esta razón, la instrucción del mandatario Gustavo Petro de avanzar hacia la liquidación de las EPS que atraviesan crisis financieras y operativas no debe interpretarse como un simple ajuste administrativo, sino como una medida que coloca en situación de vulnerabilidad extrema a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional.
La magnitud del problema: 12 millones de usuarios afectados
No comparto la perspectiva que presenta la liquidación como sinónimo de solución. Por el contrario, considero que se trata de una decisión que podría agravar una crisis ya evidente en el sistema de salud colombiano. En la actualidad, entre las siete EPS que se encuentran bajo intervención estatal se concentran aproximadamente 12 millones de usuarios, una cifra que por sí sola refleja la dimensión monumental del desafío. No estamos hablando de un sector menor o marginal, sino de millones de personas que dependen directamente de este sistema para acceder a tratamientos, medicamentos y atención médica esencial para sus vidas.
Desde mi punto de vista, adoptar una determinación de este calibre sin contar con un plan de transición claro, sin una estructura institucional preparada para responder a la demanda y sin garantías reales para la protección de los pacientes, no constituye una reforma seria. Se trata más bien de una apuesta arriesgada que podría terminar generando consecuencias devastadoras para la población más vulnerable.
Casos trágicos que evidencian la negligencia del sistema
Porque en este debate no se está discutiendo sobre balances contables o estrategias empresariales, sino sobre vidas humanas. Se trata de pacientes con tratamientos en curso, enfermedades de alto costo, condiciones crónicas y necesidades médicas urgentes. Creer que el sistema sanitario actual puede absorber de manera inmediata a millones de usuarios adicionales, cuando ya presenta fallas estructurales profundas, significa desconocer por completo la magnitud real del problema.
Y esa cruda realidad ya está cobrando vidas inocentes. El caso de Jeisson Pinzón representa una muestra dolorosa de lo que está ocurriendo en Colombia. Un joven diagnosticado con leucemia, a pesar de contar con una tutela judicial a su favor, terminó falleciendo mientras esperaba un medicamento que nunca llegó. A esta tragedia se suma la del niño Kevin, otro caso que evidencia la negligencia y la incapacidad de respuesta de un sistema que, incluso con órdenes judiciales explícitas, no logra garantizar lo más básico: la preservación de la vida.
La obligación de alzar la voz por las víctimas
Aquí es donde el país no puede guardar silencio. ¿Quién responde por las personas que mueren esperando un medicamento esencial? ¿Quién asume la responsabilidad por cada vida que se pierde en medio de la negligencia institucional? Si en la actualidad, con un sistema que aún funciona parcialmente, ya estamos presenciando estos casos dramáticos, resulta evidente que las decisiones que se están tomando podrían multiplicar exponencialmente el número de víctimas.
Los casos se van acumulando, uno tras otro, y el riesgo real es que terminemos normalizando lo que resulta completamente inaceptable. No podemos convertirnos en cómplices del olvido institucional. No podemos simplemente pasar la página como si nada hubiera ocurrido. Detrás de cada cifra estadística hay una historia personal, una familia destrozada, una madre que perdió a su hijo. Y por ellas, por esas familias que hoy cargan con un dolor irreparable, la nación tiene la obligación moral de alzar la voz y exigir respuestas concretas y efectivas.
Estos no son hechos aislados o anecdóticos. Constituyen advertencias claras sobre las consecuencias potencialmente catastróficas de implementar políticas sanitarias sin la debida planificación.
La liquidación masiva: ¿solución o profundización de la crisis?
Por eso insisto en que, si hoy, con un sistema que aún mantiene cierto nivel de funcionamiento, ya estamos presenciando este tipo de desenlaces trágicos, la liquidación masiva de EPS no corrige el problema de fondo, sino que lo profundiza. Interrumpir tratamientos médicos en curso, trasladar millones de pacientes entre instituciones y recargar entidades que ya se encuentran saturadas no representa una salida responsable ni ética.
Colombia necesita con urgencia una reforma estructural en salud, sin duda alguna. Pero requiere una reforma que parta de la realidad concreta del país, que garantice continuidad en la atención, que proteja integralmente a los pacientes y que no genere más incertidumbre en la población. Reformar no significa destruir lo existente. Reformar implica corregir las fallas sin poner en riesgo peligroso lo que actualmente está en funcionamiento, por imperfecto que sea.
La salud no puede ser un experimento ideológico
La salud pública no puede convertirse en un experimento de laboratorio ni en una apuesta ideológica. Requiere planeación meticulosa, responsabilidad institucional y, sobre todo, respeto absoluto por la vida de los colombianos. Porque cuando las decisiones gubernamentales se toman sin dimensionar adecuadamente sus efectos reales, el costo de la improvisación que hoy estamos presenciando se está pagando con lo más valioso: vidas humanas.
El sistema de salud colombiano enfrenta una encrucijada histórica donde cada decisión política tendrá consecuencias directas sobre millones de ciudadanos. La liquidación de EPS sin alternativas sólidas podría generar un colapso sanitario de proporciones incalculables, afectando especialmente a los más vulnerables. La sociedad debe mantenerse vigilante y exigir que cualquier transformación del sistema priorice la protección de la vida y la dignidad de todos los pacientes.
