Ministerio de Salud denuncia graves irregularidades en Fondo de Salud para población carcelaria
El Ministerio de Salud y Protección Social presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la administración de los recursos y en la prestación de los servicios de salud dirigidos a la población privada de la libertad en Colombia. La actuación fue remitida también a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que los organismos de control investiguen los hechos detectados.
Irregularidades detectadas en el Fondo Nacional de Salud
Según informó la cartera de Salud, la decisión se tomó luego de identificar, en su calidad de integrante del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad (PPL), una serie de actuaciones adelantadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y por la Fiduprevisora que, presuntamente, no habrían sido sometidas a consideración ni aprobadas por el Consejo, como lo exige la Ley 1709 de 2014.
El Ministerio recordó que, de acuerdo con la Ley 1122 de 2007, las personas privadas de la libertad deben estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Posteriormente, el Decreto 2245 de 2015 reglamentó un modelo especial para la prestación de estos servicios, y la Ley 1709 de 2014 creó el Fondo Nacional de Salud para la PPL con el propósito de garantizar los recursos necesarios para su atención integral.
Situación diferenciada en el aseguramiento
En ese contexto normativo, la cartera de Salud señaló que evidenció una situación diferenciada en el aseguramiento de la población privada de la libertad. Mientras cerca de 104 mil personas que se encuentran en condición intramural no estarían afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y son atendidas directamente por operadores contratados por la Fiduprevisora, las personas en prisión domiciliaria —alrededor de 48 mil— sí permanecen afiliadas al régimen subsidiado y reciben atención a través de las EPS.
Para el Ministerio, esta diferencia en el tratamiento requiere ser investigada en cuanto a su legalidad, dado que la normativa vigente establece la obligatoriedad del aseguramiento para toda la población carcelaria sin distinción alguna.
Problemas presupuestales y contractuales
Entre las presuntas irregularidades detectadas, el Ministerio destacó la aprobación del presupuesto del Fondo Nacional de Salud para la PPL correspondiente a 2026 sin la revisión previa del Consejo Directivo, en contravía de lo dispuesto por la Ley 1709. De acuerdo con la información entregada, el anteproyecto presupuestal debía ser socializado y aprobado por el Consejo en marzo de 2025, pero solo fue presentado cuando ya había sido aprobado el Presupuesto General de la Nación.
Además, se habría incluido un déficit superior a los 70 mil millones de pesos imputado a la Adres, sin el respectivo análisis técnico ni el aval del Consejo. Otra de las situaciones señaladas es la desafiliación de personas privadas de la libertad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a pesar de que la normativa vigente exige garantizar su aseguramiento.
Contratos fiduciarios y pasivos sin respaldo
A esto se suman pasivos sin respaldo presupuestal ni auditoría certificada, lo que, según el Ministerio, comprometería la confiabilidad financiera del Fondo. En ese punto, se indicó que recomendaciones emitidas por la Contaduría General de la Nación en octubre de 2025 no habrían sido atendidas y que la ADRES reportó valores pendientes de giro por más de 52 mil millones de pesos, correspondientes a población en prisión domiciliaria.
El Ministerio también alertó sobre contratos fiduciarios que no han sido liquidados. Entre ellos, el Contrato 145 de 2019, que habría generado una pérdida de 81 mil millones de pesos sin que esta se registrara formalmente como déficit ni se adelantara su cobro, así como el Contrato 059 de 2023, que no habría sido liquidado dentro del término legal establecido.
Problemas en contratación y modelo de atención
En materia de contratación, la denuncia incluye la vinculación de una empresa consultora que, según el Ministerio, no evidenciaba idoneidad técnica para evaluar el modelo de atención en salud de la población privada de la libertad, en cumplimiento de la Sentencia T-494 de 2023. El contrato, por un valor de 400 millones de pesos y con una duración de dos meses, fue objeto de observaciones técnicas y jurídicas desde su estructuración.
El informe entregado, de acuerdo con la cartera de Salud, no cumplió el objeto contractual, razón por la cual se solicitó la declaratoria de incumplimiento. Asimismo, se señaló la omisión en la implementación de un nuevo modelo de atención en salud para esta población.
Falta de implementación de directrices
En julio de 2025, el Consejo Directivo del Fondo ordenó reformular el modelo vigente, avanzar en la afiliación al régimen subsidiado y disponer que una EPS con cobertura nacional asumiera la operación, en cumplimiento de la Sentencia T-494 de 2023. No obstante, estas directrices no habrían sido ejecutadas, manteniendo un sistema que presenta graves deficiencias estructurales.
Finalmente, el Ministerio indicó que durante varias sesiones del Consejo Directivo se solicitó la interposición de denuncias ante las autoridades competentes por las presuntas irregularidades detectadas, pero que la USPEC, en su calidad de Secretaría Técnica del Consejo, manifestó no ser competente para hacerlo.
Medidas correctivas y denuncia ciudadana
Ante este panorama, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que, junto con los ministerios de Justicia y de Hacienda, avanza en la adopción de medidas orientadas a superar las fallas estructurales del modelo de atención en salud de la población privada de la libertad, identificadas por la Corte Constitucional, y a garantizar efectivamente el derecho fundamental a la salud mediante la afiliación al Sistema General de Seguridad Social y la implementación de un nuevo modelo de atención integral.
Previamente, la Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos Sánchez, había remitido solicitudes formales a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que revisen de manera preventiva la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad de implementar un modelo de atención en salud mediante un operador único nacional.
Según los escritos, la medida fue adoptada sin que exista evidencia pública de estudios técnicos, jurídicos y financieros que garanticen la viabilidad del nuevo modelo, ni de un plan de transición que asegure la continuidad de los servicios de salud para los internos del país. La veeduría advierte que esta decisión podría derivar en afectaciones graves a derechos fundamentales como la salud, la vida, la dignidad humana y la integridad personal de la población privada de la libertad.
