Ministerio de Salud denuncia graves irregularidades en Fondo Nacional de Salud para reclusos
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha radicado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la administración de recursos destinados a la atención en salud de las personas privadas de la libertad en las cárceles del país. Esta acción legal representa un paso significativo en la lucha contra posibles malos manejos en el sistema penitenciario colombiano.
Denuncia formal ante autoridades de control
Según informó el Ministerio de Salud, que forma parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad (PPL), se habrían detectado actuaciones cuestionables por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y de la Fiduprevisora. Ambas entidades habrían ejecutado acciones que no fueron sometidas ni aprobadas previamente por el Consejo Directivo del Fondo, violando así los protocolos establecidos para la gestión de estos recursos públicos.
Grave situación de afiliación al sistema de salud
El Ministerio reveló datos alarmantes sobre la cobertura en salud de la población carcelaria. Actualmente, al menos 104.000 personas privadas de la libertad se encuentran sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), por lo que reciben atención médica directamente a través de la Fiduprevisora. En contraste, las aproximadamente 48.000 personas en prisión domiciliaria sí están afiliadas al régimen subsidiario y reciben servicios a través de las EPS. Esta disparidad en el tratamiento representa, según el Ministerio, una situación de inequidad cuya legalidad debe ser investigada exhaustivamente.
Principales irregularidades identificadas
Entre las irregularidades más graves denunciadas por el Ministerio de Salud se encuentran:
- Aprobación del presupuesto para 2026 sin la revisión previa del Consejo Directivo del Fondo
- Inclusión de un déficit de $70.000 millones atribuido a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), sin un análisis técnico que lo respalde
- Desafiliación masiva de PPL al Sistema de Seguridad Social en Salud
- Pasivos sin respaldo presupuestal adecuado
- Valores pendientes de giro por más de $52.000 millones, correspondientes a población en prisión domiciliaria
- Contratos fiduciarios sin liquidar, incluyendo uno que generó pérdidas por más de $81.000 millones
Contrataciones cuestionadas y omisiones graves
La denuncia también incluye referencias a una contratación particularmente problemática: una empresa fue contratada por $400 millones para evaluar el modelo de atención en salud para personas privadas de la libertad, pero según el Ministerio, no habría cumplido con los objetivos contractuales debido a falta de idoneidad técnica y jurídica. Además, se señalaron omisiones significativas en la implementación del nuevo modelo de salud para PPL, incluyendo la falta de reformulación del Consejo Directivo del Fondo según lo ordenado.
Finalmente, el Ministerio destacó que algunas denuncias presentadas anteriormente por el propio Consejo Directivo del Fondo no habían recibido la atención adecuada, lo que agrava la situación de posible negligencia administrativa. Esta denuncia marca un punto de inflexión en la supervisión de los recursos destinados a la salud de una de las poblaciones más vulnerables del sistema carcelario colombiano.
