Crisis sanitaria en Santander: Nueva EPS suspende entrega de medicamentos a 700.000 afiliados
Una grave situación afecta a 700.000 colombianos afiliados al régimen subsidiado de Nueva EPS en el departamento de Santander, quienes enfrentan la suspensión inmediata en la dispensación de medicamentos, dispositivos médicos e insumos esenciales. La crisis se origina en una deuda acumulada de $61.000 millones que la entidad de salud mantiene con el gestor farmacéutico Offimédicas.
Deuda millonaria y ruptura contractual
Offimédicas, principal proveedor de medicamentos en la región, decidió terminar unilateralmente los contratos de suministro debido a incumplimientos reiterados en los pagos, incluso por servicios ya prestados y facturados. La empresa farmacéutica argumenta que, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se acumularon deudas por miles de millones de pesos mensuales sin que existieran soluciones concretas por parte de la EPS intervenida.
"Pese a múltiples intentos de diálogo y negociación, no hubo respuestas satisfactorias que garantizaran el pago de las obligaciones pendientes", explicaron fuentes cercanas al proveedor farmacéutico.
El deterioro acelerado de la EPS más grande de Colombia
Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país con más de 11 millones de afiliados, atraviesa un proceso de deterioro financiero sin precedentes:
- En menos de dos años, cuadruplicó sus deudas totales, pasando de $6 billones a $24 billones
- Acumula más de 120.000 tutelas sin resolver por parte de usuarios
- Ha tenido cinco interventores diferentes en apenas 21 meses de intervención estatal
- Mantiene deudas críticas con hospitales, clínicas y proveedores en todo el territorio nacional
Repercusiones políticas y moción de censura
La crisis ha trascendido el ámbito sanitario para convertirse en un asunto de alta tensión política. Un grupo de 23 congresistas de diferentes bancadas impulsa una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalándolo directamente por el deterioro acelerado en la prestación de servicios y la entrega de medicamentos en todo el sistema de salud colombiano.
Los legisladores argumentan que la situación en Nueva EPS representa solo la punta del iceberg de una crisis estructural que afecta a múltiples EPS intervenidas en el país, poniendo en riesgo la atención médica oportuna de millones de colombianos.
Contexto nacional: la crisis sistémica de las EPS en 2026
La emergencia en Nueva EPS se enmarca dentro de una crisis generalizada que afecta al sistema de salud colombiano, caracterizada por:
- Problemas financieros estructurales: La Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta insuficiente para cubrir los costos crecientes del sistema
- Aumento en la demanda de servicios: El envejecimiento poblacional y el incremento de enfermedades crónicas elevan los costos operativos
- Fallos administrativos recurrentes: Demoras en pagos, problemas de gestión y casos de corrupción debilitan las entidades
- Intervenciones estatales inefectivas: Los procesos de intervención gubernamental no han logrado estabilizar las EPS afectadas
- Falta de consenso reformista: La ausencia de acuerdos sobre el futuro modelo de salud profundiza la incertidumbre
La orden presidencial y el futuro incierto
En medio de esta crisis, el presidente Gustavo Petro, a pocos meses de concluir su mandato, ordenó la liquidación de todas las EPS que se encuentren en situación de quiebra técnica o financiera. Aunque el mandatario no especificó cuáles entidades serían afectadas ni los mecanismos de transición para los afiliados, la medida ha generado alerta máxima entre las EPS intervenidas, incluyendo a Nueva EPS.
Esta decisión presidencial podría significar el traslado masivo de millones de colombianos a otras entidades promotoras de salud, en un proceso que expertos califican como complejo y potencialmente caótico dada la magnitud de la crisis actual.
La situación en Santander representa así un caso emblemático de la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, donde las deudas millonarias, los incumplimientos contractuales y las fallas estructurales terminan afectando directamente a los pacientes más vulnerables, aquellos que dependen del régimen subsidiado para acceder a medicamentos y tratamientos esenciales.
