La Contraloría General de la República ha emitido una severa advertencia sobre la situación de la Nueva EPS, señalando que la entidad opera sin conocer sus propios estados financieros, lo que impide entender su realidad y trazar un plan de mejora. El órgano de control fiscal instó a la Superintendencia Nacional de Salud a tomar medidas urgentes.
Advertencia del contralor delegado para la Salud
El contralor delegado para la Salud, Édgar Julián Niño, explicó que esta es una advertencia a la SuperSalud en el marco del seguimiento permanente que se realiza. “Durante las intervenciones se ha visto un deterioro en el componente financiero de las EPS, y ese es posiblemente uno de los factores que ha generado la crisis”, afirmó.
Falta de información financiera clave
Para tener claridad sobre la situación financiera de las EPS intervenidas, es necesario conocer sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2024 y 2025. Sin embargo, según Niño, esto no ocurre con la Nueva EPS. “Desde el año pasado hemos venido advirtiendo que es difícil tener claridad sobre su situación financiera, pese a tener más de once millones de afiliados, muchos de ellos en las regiones más apartadas”, indicó.
La Contraloría delegada solo cuenta con una aproximación a cifras que no generan confiabilidad, porque al no estar en firme no ofrecen el sustento requerido. “Sin los estados financieros no es posible trazar un panorama de lo que ocurre en la Nueva EPS. Como lo dijo el contralor, está operando a ciegas”, agregó Niño.
Conocer los estados financieros es fundamental para operar la red de servicios de salud y determinar el curso de acción a corto plazo para mantener las EPS a flote.
¿Qué viene después de la advertencia?
Con información limitada, la Contraloría realiza una retroalimentación en la que advierte que el comportamiento de las EPS durante las intervenciones no ha sido el mejor. “En dos años han pasado, en promedio, de cuatro a cinco interventores por cada EPS, y hemos visto una profundización en los pasivos y un deterioro en el endeudamiento”, señaló el contralor delegado.
Una de las consecuencias es que, entre las vigencias 2024 y 2025, las PQR (peticiones, quejas y reclamos), que son un termómetro de lo que enfrenta el usuario al intentar acceder a los servicios de salud, aumentaron en un 27%.
Niño comentó que esta advertencia debe ser analizada por la Superintendencia para tomar acciones, llamar a los interventores y preguntarles cuáles son sus planes de acción y medidas de mejora. “Qué medidas van a tomar para reencauzar el tema financiero y garantizar el derecho a la salud con calidad y oportunidad para los usuarios”, planteó.
Por ello, se ha convocado a una mesa de trabajo al superintendente Daniel Quintero Calle y a los agentes interventores de las distintas EPS para presentar los hallazgos.
