Alerta máxima en el sistema de salud colombiano por embargos que superan los $2,6 billones
El sistema de salud colombiano enfrenta una de sus crisis financieras más graves en años debido a una acumulación masiva de embargos judiciales que amenazan con paralizar la atención médica a millones de ciudadanos. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha activado todos los mecanismos de emergencia ante esta situación que pone en jaque la estabilidad del sector.
Nueva EPS concentra la mayor parte de los recursos comprometidos
Con corte al 22 de enero de 2026, la Supersalud identificó que Nueva EPS lidera la lista de entidades afectadas con aproximadamente $2,1 billones en embargos judiciales. Esta cifra representa más del 80 por ciento del total de $2,6 billones identificados en todo el sistema, lo que evidencia la magnitud del problema concentrado en esta entidad.
Le siguen en la lista de EPS más afectadas:
- Coosalud EPS con aproximadamente $341.000 millones
- Asmet Salud con $137.000 millones
- Cajacopi EPS (actualmente Proteger EPS) con $43.000 millones
- Emssanar EPS con alrededor de $39.000 millones
Red de Controladores del Sector Salud entra en acción
Ante la gravedad de la situación, la Supersalud activó la Red de Controladores del Sector Salud, un mecanismo creado mediante la Resolución 2246 de 2020 que articula a múltiples entidades del Estado colombiano. Esta red incluye a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y diversas superintendencias.
La entidad remitió un informe técnico detallado a estas instituciones para que, en el marco de sus competencias, evalúen posibles vulneraciones al derecho fundamental a la salud y adopten las acciones pertinentes. "Los recursos del sistema de salud son inembargables por mandato legal", señaló enfáticamente la Supersalud, recordando que estos fondos están destinados exclusivamente a garantizar la atención de los usuarios.
Consecuencias directas para los pacientes colombianos
La preocupación central de las autoridades sanitarias radica en que estos recursos no pertenecen al patrimonio de las EPS ni pueden ser utilizados para saldar deudas propias de estas organizaciones. Sin embargo, la acumulación de procesos ejecutivos ha generado una presión que amenaza con bloquear los flujos de dinero hacia hospitales, clínicas y demás prestadores del servicio de salud.
Según el informe de la Supersalud, los embargos ya están generando:
- Retrasos significativos en los pagos a prestadores de servicios médicos
- Aumento exponencial de acciones judiciales contra el sistema
- Elevación de riesgos operativos para las EPS
- Consecuencias directas en la entrega de medicamentos y procedimientos médicos
El fenómeno se extiende más allá de las EPS intervenidas
Aunque las EPS con medidas de intervención forzosa administrativa concentran la mayor parte del problema, el fenómeno no se limita a estas entidades. El informe de la Supersalud también registró 36 embargos sobre EPS que no tienen medidas de intervención, por un valor que supera los $32.000 millones.
En este grupo figuran Mallamas EPS-I con $15.052 millones, Capital Salud con $8.750 millones, Compensar con $7.478 millones, Sanitas con $752 millones y Salud Total con $540 millones. Geográficamente, la mayor concentración de estos procesos se presenta en los departamentos de Caquetá y Huila, así como en Bogotá.
Contexto político y medidas del gobierno Petro
Esta crisis financiera ocurre en medio del plan del gobierno del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que estén en quiebra como parte de su estrategia para transformar el sistema de salud colombiano. El mandatario anunció en consejo de ministros su intención de acabar con la participación privada en la salud y avanzar hacia un sistema más estatizado.
Las autoridades competentes deberán ahora definir medidas urgentes que permitan levantar o neutralizar los embargos identificados, proteger la destinación exclusiva de esos recursos para la atención médica y asegurar que los usuarios del sistema puedan continuar recibiendo atención sin interrupciones. La situación pone a prueba la capacidad del Estado para defender los dineros públicos de la salud frente a intereses particulares que, según advierte la Supersalud, comprometen la estabilidad de todo el sistema sanitario nacional.
