Paciente con artritis denuncia grave riesgo en su atención médica por posible traslado de Sanitas
En el municipio de Chivatá, Boyacá, Jenny Quiroz enfrenta una doble batalla: los intensos dolores causados por la artritis que padece y la incertidumbre generada por un posible traslado desde EPS Sanitas hacia una nueva entidad promotora de salud. La medida cautelar que mantiene temporalmente su afiliación ha despertado profunda preocupación entre usuarios que dependen de tratamientos continuos y medicamentos especializados para enfermedades crónicas y terminales.
Un sistema que funciona versus la amenaza del cambio
"Sanitas es una excelente EPS", afirma Jenny Quiroz, quien debido a su condición tuvo que abandonar su trabajo como modista y ahora camina con notable dificultad. "Allá me realizan todos los exámenes necesarios y me mantienen en un programa especializado para enfermedades inmunes y crónicas. Lo más valioso es que no tengo que realizar trámites engorrosos, porque ellos mismos gestionan todas las autorizaciones", explica la paciente.
Para Quiroz y muchos otros usuarios, el traslado forzoso representaría un retroceso significativo en la calidad de la atención médica y un deterioro palpable en su ya vulnerable calidad de vida. La continuidad de sus tratamientos, cuidadosamente establecidos a lo largo de años, quedaría en entredicho ante un cambio administrativo que parece ignorar las necesidades específicas de pacientes con condiciones crónicas.
Las cifras que cuestionan la decisión gubernamental
En Chivatá, las estadísticas revelan una clara preferencia por la EPS Sanitas entre la población local. De los 1.885 pacientes registrados en el municipio:
- 1.225 ciudadanos están afiliados a Sanitas
- Solo 660 pacientes pertenecen a la nueva EPS
Esta distribución plantea serias dudas sobre la lógica detrás de la decisión del Gobierno Nacional de impulsar el cambio masivo de entidad. Muchos residentes no comprenden por qué se promovería una transición que afectaría a la mayoría de los usuarios, especialmente cuando estos han expresado satisfacción con el servicio recibido.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Los pacientes afectados hacen un llamado contundente a las autoridades nacionales para que las decisiones en materia de salud no se tomen únicamente desde la perspectiva de fortalecer una EPS específica, sino pensando prioritariamente en las personas que dependen de tratamientos permanentes para mantener su salud y dignidad.
"Que piensen en quienes tenemos enfermedades crónicas o terminales", señala Jenny Quiroz con evidente preocupación. "Un traslado administrativo puede significar perder acceso a medicamentos vitales, interrumpir terapias esenciales y enfrentar nuevamente la burocracia que tanto nos desgasta".
Incertidumbre que persiste
Mientras la medida cautelar sigue vigente, la incertidumbre se mantiene entre los usuarios del sistema de salud en Chivatá y otras regiones afectadas. Aunque temporalmente protegidos, carecen de garantías sobre una solución definitiva que respete sus derechos a la continuidad asistencial.
Los pacientes insisten en que la prioridad fundamental debe ser la salud y la continuidad de los tratamientos, por encima de cualquier consideración política o institucional. "Nuestras vidas dependen de que el sistema funcione", concluye Jenny Quiroz, cuyo caso representa a miles de colombianos que enfrentan similares preocupaciones ante posibles cambios en su cobertura de salud.
