Incertidumbre por posible traslado masivo de 6,6 millones de afiliados a EPS intervenidas
El sistema de salud colombiano enfrenta un momento de alta tensión tras la publicación de un proyecto de acto administrativo del Ministerio de Salud que se encuentra en etapa de consultas públicas. Este documento plantea la posibilidad de movilizar a aproximadamente 6,6 millones de ciudadanos hacia entidades promotoras de salud distintas a las que actualmente pertenecen, lo que ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos, sociales y gremiales del país.
Destino preocupante: EPS bajo intervención estatal
La principal preocupación que ha surgido gira en torno al destino de estos usuarios. Según las proyecciones oficiales, la gran mayoría de los traslados se realizaría hacia entidades que hoy se encuentran bajo medida de intervención por parte del Gobierno nacional. Los críticos de esta medida argumentan que esto no solo limitaría significativamente la autonomía de los pacientes en la elección de su asegurador, sino que pondría en grave riesgo la continuidad y calidad de los servicios médicos que reciben millones de colombianos.
Entre las instituciones que más afiliados recibirían se encuentran Nueva EPS, la aseguradora con mayor cobertura en el territorio nacional, y Savia Salud, que concentra la operación del régimen subsidiado en el departamento de Antioquia. Es fundamental destacar que ambas organizaciones operan actualmente bajo la administración de agentes interventores designados por el Estado, lo que añade complejidad a este posible movimiento masivo de usuarios.
Cuestionamientos sobre capacidad operativa y financiera
Uno de los argumentos centrales en contra de este movimiento masivo es la precaria salud financiera de las entidades receptoras. Sectores gremiales y legislativos han recordado insistentemente que las EPS intervenidas arrastran deudas considerables con la red de prestadores de servicios de salud. En el caso específico de Antioquia, los pasivos con hospitales y clínicas ascienden a cerca de 5 billones de pesos, una cifra que genera serias dudas sobre la capacidad de estas entidades para asumir nuevos afiliados.
El congresista antioqueño Luis Carlos Ochoa manifestó su profunda inquietud ante el panorama que enfrentarían millones de personas: "No solo se vulnera el derecho a la libre escogencia de la entidad promotora de salud, sino que, lo más grave, es que los usuarios serían trasladados mayoritariamente a las EPS que están intervenidas", explicó el parlamentario, cuya preocupación es respaldada por la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios de la Salud.
Ochoa fue enfático al cuestionar si estas instituciones cuentan con el respaldo necesario para ampliar su base de afiliados en las condiciones actuales: "¿Será que las EPS intervenidas sí tienen capacidad para recibir a más afiliados? Como congresista de la República exijo que el Ministerio de Salud le dé claridad al país", puntualizó el legislador en declaraciones recogidas por medios regionales.
Los puntos críticos del proyecto de traslado
El debate nacional se centra en varios ejes fundamentales que afectarían directamente la estabilidad del modelo de aseguramiento en salud:
- Sostenibilidad del servicio: Existe un temor generalizado de que el aumento masivo de pacientes pueda profundizar las fallas existentes en la asignación de citas médicas, entrega de medicamentos y programación de procedimientos quirúrgicos.
- Derecho a la libre elección: Se ha planteado un cuestionamiento jurídico sobre la facultad del Gobierno para reubicar usuarios sin que estos hayan manifestado su voluntad de cambio, lo que podría representar una vulneración de derechos fundamentales.
- Carga administrativa: El reto logístico que supone integrar a millones de personas a bases de datos y redes de atención de entidades que ya enfrentan dificultades internas significativas representa un desafío operativo de gran magnitud.
- Impacto en la red hospitalaria: La presión adicional que recibirían los hospitales públicos y privados al tener que atender a más población bajo contratos con EPS que presentan moras considerables en sus pagos podría colapsar servicios esenciales.
Espera por pronunciamiento oficial
Por ahora, el país permanece a la espera de un pronunciamiento oficial y detallado por parte del Ministerio de Salud que despeje las múltiples dudas sobre el futuro de los 6,6 millones de beneficiarios que podrían verse afectados. Mientras el proyecto sigue en discusión pública, los representantes de los usuarios han solicitado de manera unánime que se priorice la estabilidad del sistema y se eviten medidas que puedan agravar la ya compleja situación de las finanzas de la salud en Colombia.
La incertidumbre generada por este posible traslado masivo ha creado un clima de preocupación entre pacientes, profesionales de la salud y autoridades regionales, quienes esperan respuestas claras sobre cómo se garantizará la continuidad y calidad de la atención médica en caso de que se concrete esta medida.
