Quejas contra EPS intervenidas por el Gobierno se disparan un 51,4% hasta 2025
Entre 2023 y 2025, el número de reclamos en salud en las ocho EPS bajo el control del Gobierno, tras ser intervenidas por la Superintendencia de Salud, creció en un alarmante 51,4 por ciento. Según datos oficiales, estas aseguradoras pasaron de registrar 623.636 reclamos anuales a 944.072 en el último año, reflejando una precariedad creciente en la prestación de servicios que contradice el objetivo de mejora tras una intervención.
Nueva EPS: el caso más preocupante
El incremento más acelerado se observa en Nueva EPS, donde en el régimen contributivo los reclamos pasaron de 197.293 en 2023 a 369.243 en 2025. Esto representa un aumento en la tasa de reclamos por cada 10.000 afiliados, de 334,71 a 617,35. En el régimen subsidiado, las quejas también subieron de 79.741 a 148.953, con una tasa que creció de 172,80 a 260,55 por cada 10.000 afiliados.
Deterioro generalizado en otras EPS
Los datos de las demás EPS intervenidas no son más alentadores. Famisanar registró un aumento de reclamos de 105.499 a 138.514, con una tasa que subió de 348,87 a 611,19 por 10.000 afiliados. S.O.S., Savia Salud, Capresoca y Emssanar también mostraron incrementos significativos en sus tasas de quejas. Coosalud, con afiliados en ambos regímenes, reportó un aumento de 54.976 a 79.230 PQRS en el subsidiado y de 4.447 a 7.817 en el contributivo.
La única excepción es Asmet Salud, donde los reclamos disminuyeron de 45.164 a 31.836 entre 2023 y 2025, con una tasa que bajó de 244,16 a 211,44 por cada 10.000 afiliados. Además, Sanitas, tras dejar de estar intervenida por orden judicial, mostró una mejoría en sus indicadores, con reclamos reduciéndose de más de 20.000 mensuales a 15.662 en diciembre de 2025.
Síntoma de una crisis financiera
Expertos como Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud, señalan que este incremento en quejas es un síntoma del desfinanciamiento del sistema de salud. Las EPS intervenidas presentan una siniestralidad del 117,44 por ciento, gastando más de lo que reciben, mientras la siniestralidad general del sistema es del 109,53 por ciento. Esto confirma el deterioro en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que según análisis técnicos ha sido insuficiente para cubrir los costos crecientes de la salud en Colombia.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, criticó la improvisación en la gestión de estas EPS, destacando que la crisis se concentra en las entidades intervenidas. La inestabilidad administrativa, con constantes cambios en los agentes interventores, agrava la situación, afectando a pacientes, hospitales y proveedores.
En resumen, el aumento de reclamos en las EPS intervenidas por el Gobierno evidencia una crisis profunda en el sistema de salud colombiano, con implicaciones graves para la atención médica y la sostenibilidad financiera del sector.
