Traslado de usuarios entre EPS sin pago de deudas amenaza red de clínicas y hospitales en Colombia
La implementación del Decreto 0182 de 2026, que permite la reorganización territorial del aseguramiento y el traslado de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), podría generar graves efectos financieros en la red de prestación de servicios si no se garantiza el pago previo de las obligaciones pendientes entre aseguradoras y prestadores. Así lo advirtió la Unión de IPS de Colombia (Unips), que alertó sobre riesgos significativos para la operación de clínicas y hospitales si las EPS abandonan regiones sin saldar sus deudas con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Comunicación formal a autoridades de salud
El gremio informó que envió una comunicación formal al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud para solicitar que el proceso de reorganización territorial contemple mecanismos que aseguren el pago de la cartera antes de autorizar el traslado de afiliados entre entidades. Según la organización, la sostenibilidad financiera de los prestadores depende del flujo de recursos derivados de los servicios que ya fueron prestados a los usuarios del sistema.
De acuerdo con Unips, cuando una EPS reduce o retira su operación en una región, suele dejar obligaciones pendientes con clínicas, hospitales y centros médicos que atendieron a los afiliados. Esta situación genera presiones financieras para las instituciones prestadoras, que continúan operando y atendiendo pacientes mientras esperan el pago de los servicios facturados.
Riesgos para la atención de pacientes
"La reorganización del aseguramiento no puede significar que las IPS asuman las deudas del sistema. Si las EPS salen de las regiones sin pagar lo que deben, se pone en riesgo la operación de los prestadores y, en consecuencia, la atención de los pacientes", señaló la organización en su pronunciamiento. La preocupación también se centra en la posibilidad de que los afiliados sean trasladados a EPS que actualmente se encuentran bajo medidas de intervención administrativa.
En algunos territorios, estas entidades podrían quedar como las únicas aseguradoras operando, lo que implicaría para las IPS renegociar acuerdos de prestación de servicios con entidades que ya registran niveles de cartera vencida con los prestadores. Según el gremio, los niveles de cartera acumulada y la necesidad de suscribir nuevos acuerdos contractuales podrían generar un escenario complejo para las clínicas y hospitales que operan en regiones donde la oferta de servicios es limitada.
Solicitudes específicas al Gobierno Nacional
En este contexto, la organización advirtió que la reorganización del aseguramiento debe contemplar mecanismos que garanticen condiciones financieras claras para los prestadores. "El traslado de usuarios debe ir acompañado de garantías financieras reales. Sin pagos oportunos y sin reglas claras de contratación, la red prestadora en las regiones podría verse seriamente afectada", indicó el gremio en su comunicación dirigida a las autoridades del sector salud.
Ante este panorama, la Unión de IPS solicitó al Gobierno Nacional que la implementación del Decreto 0182 incluya:
- Medidas para verificar previamente las deudas entre EPS e IPS antes de autorizar traslados de afiliados.
- Establecer planes de pago de cartera bajo supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Mecanismos de garantía financiera que respalden las obligaciones pendientes.
El gremio también planteó un seguimiento conjunto entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia y las autoridades territoriales para monitorear los procesos de reorganización del aseguramiento en las regiones y sus efectos sobre la red prestadora.
Estabilidad del sistema de salud en juego
Finalmente, la organización reiteró que la estabilidad del sistema de salud depende de la sostenibilidad financiera de las clínicas y hospitales, responsables de prestar los servicios a los usuarios del sistema en todo el país. "La estabilidad del sistema de salud depende no solo de las EPS, sino también de que las clínicas y hospitales tengan condiciones financieras que les permitan seguir prestando los servicios a los colombianos", concluyó el gremio.
