Conflicto judicial y gubernamental por el control de Coosalud
El Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene el control sobre la EPS Coosalud a pesar de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender su intervención y devolver la administración a sus directivos originales. La decisión judicial, que debía cumplirse de forma inmediata, no se ha materializado, abriendo un nuevo capítulo de tensión institucional en medio de la profunda crisis del sistema de salud colombiano.
Un fallo judicial que enfrenta resistencia gubernamental
El Tribunal suspendió provisionalmente la intervención que el Gobierno había impuesto desde noviembre de 2024, al considerar que la medida no logró mejorar la situación de la EPS y, por el contrario, habría agravado varios indicadores clave. El fallo ordenó explícitamente que la administración, dirección y representación legal regresaran a quienes estaban al frente antes de la toma de posesión gubernamental.
Sin embargo, seis días después del auto judicial y tres días tras su notificación formal, la Superintendencia Nacional de Salud no ha revertido la intervención sobre la entidad. En la práctica, el Ejecutivo continúa manejando tanto la EPS como la cooperativa que la controla, mientras crecen los cuestionamientos por el desacato a la orden judicial.
Cifras alarmantes del deterioro durante la intervención
Detrás de la decisión judicial hay cifras que evidencian el deterioro significativo de Coosalud durante el período de intervención gubernamental. En 2025, las peticiones, quejas y reclamos aumentaron un 32%, alcanzando la preocupante cifra de 107.252 casos. Las acciones de tutela subieron a 20.216, representando un incremento del 21% frente al año anterior.
La siniestralidad pasó del 115% al 126%, mientras el patrimonio de la EPS experimentó una caída catastrófica: de $283.522 millones positivos a -$859.167 millones negativos. Estos números pintan un panorama financiero extremadamente preocupante para la entidad que atiende a más de tres millones de afiliados en todo el territorio nacional.
Choque institucional y limbo jurídico
El incumplimiento del fallo se desarrolla en medio de un choque directo entre entidades del Estado colombiano. Mientras la Supersalud asegura que acatará la decisión judicial, en la práctica no ha ejecutado la devolución del control de la EPS. Paralelamente, la Superintendencia de Economía Solidaria sostiene que su intervención sobre la cooperativa propietaria de Coosalud sigue vigente y no está cobijada por la orden judicial.
Esta dualidad de posiciones ha generado un limbo jurídico que impide definir con claridad quién debe asumir el control real de la EPS. En Cartagena, sede principal de la entidad, el exgerente Jaime Miguel González Montaño intentó retomar sus funciones, pero el proceso fue bloqueado por las autoridades interventoras.
Acusaciones cruzadas y tensión política
El conflicto trasciende lo administrativo y se adentra en el terreno político. El 14 de abril, un juzgado administrativo sancionó al presidente Petro con una multa equivalente a 15 salarios mínimos por desacatar una tutela que le ordenaba retractarse de sus acusaciones contra el exgerente González. A pesar de esta sanción, el mandatario reiteró públicamente que González "es un corrupto" y pidió investigar a la junta directiva de la EPS.
Estas declaraciones se enmarcan en denuncias previas sobre presuntos manejos irregulares de recursos en Coosalud, incluyendo operaciones financieras cuestionadas por más de $226.000 millones. A su vez, la Supersolidaria reveló hallazgos preocupantes sobre la cooperativa, como presuntas "simulaciones de compras de cartera" por más de $55.000 millones y contratos por $37.000 millones respaldados con pagarés en blanco.
La defensa del Ministerio de Salud
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió con firmeza la decisión de no devolver la EPS y aseguró que una auditoría forense reveló un panorama crítico dentro de Coosalud. Según sus explicaciones, el informe evidenció "fragilidad del control interno, incumplimientos regulatorios, riesgos financieros y de fraude e impacto institucional".
Entre los hallazgos más graves, el ministro señaló la destinación indebida de recursos públicos. De acuerdo con Jaramillo, la EPS habría respaldado un crédito privado con dineros del sistema de salud, lo que permitió que un banco ejecutara la garantía y debitara más de $200.000 millones, afectando severamente su patrimonio y reservas técnicas.
El informe de auditoría identificó además pagos injustificados, prácticas contables irregulares y más de 400.000 facturas sin registrar, así como inconsistencias en los saldos financieros. También alertó sobre vínculos de interés entre auditores y proveedores, influencia de terceros en decisiones estratégicas y fallas sistémicas en los controles de riesgos de corrupción.
Problemas estructurales de gobernanza
El ministro Jaramillo destacó problemas fundamentales de gobernanza dentro de Coosalud, particularmente la falta de segregación de funciones: "procesos críticos permiten a un solo colaborador registrar, conciliar y aprobar operaciones", advirtió el funcionario, lo que eleva exponencialmente el riesgo de errores y fraudes.
Jaramillo también reveló que en 2024 la entidad registró un déficit histórico que evidencia un "colapso de su solvencia técnica", al pasar de deudas cercanas a $700.000 millones a más de $2,6 billones en menos de un año. Esta escalada de la deuda representa uno de los indicadores más alarmantes de la crisis financiera que atraviesa la EPS.
Un pulso institucional con amplias repercusiones
Por ahora, el Gobierno se mantiene firme en su postura de no devolver el control de Coosalud, mientras la justicia insiste en el cumplimiento estricto de su orden judicial. El empresario Jaime Miguel González Montaño, a través de su equipo jurídico, denunció al interventor Jorge Orlando Suárez y advirtió que acudirá a todas las instancias judiciales necesarias para hacer cumplir la orden.
El desenlace de este pulso institucional no solo definirá el futuro inmediato de Coosalud y sus tres millones de afiliados, sino que también establecerá precedentes cruciales sobre los límites de la intervención estatal en el sistema de salud colombiano. La tensión entre el poder judicial y el ejecutivo se mantiene en su punto más álgido, con repercusiones que podrían extenderse a otras EPS intervenidas en el país.
