Medida cautelar suspende intervención de Coosalud EPS por empeorar situación
El Tribunal Administrativo de Bolívar decretó esta semana una medida cautelar que suspende las resoluciones que ordenaron y prolongaron la intervención forzosa de la EPS Coosalud. La decisión judicial responde a una acción popular presentada por Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S (Multiservicios OL) junto con los ciudadanos Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González.
Argumentos que sustentan la decisión judicial
Los demandantes argumentaron que "la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable" que afecta directamente la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud. El tribunal analizó estos planteamientos y encontró fundamentos sólidos para su decisión.
En el documento judicial se establece claramente: "Ante la evidencia de que la prolongación de la medida administrativa no ha logrado los objetivos de saneamiento previstos, sino que ha profundizado el riesgo para la colectividad de afiliados, y el goce efectivo del derecho a la salud, resulta imperativo para el Juez Constitucional intervenir mediante el decreto de la medida cautelar solicitada".
Indicadores que demuestran el fracaso de la intervención
El tribunal encontró que, a pesar de que la intervención de la EPS Coosalud se justificó originalmente en el objetivo de estabilizar financiera y operativamente la entidad, estos propósitos nunca se materializaron. Por el contrario, la situación empeoró significativamente:
- Se reportó un mayor número de quejas y acciones de tutela contra la EPS después de la intervención
- Los indicadores financieros registraron un deterioro considerable
- El incremento exponencial de la insatisfacción de usuarios alcanzó las 107.252 PQR
- Se evidenció inestabilidad en la dirección administrativa
Uno de los datos más reveladores muestra un incremento del 21% en el número de acciones de tutela por asuntos relacionados con la prestación del servicio de salud, pasando de 16.771 en la vigencia 2024 (año de la intervención) a 20.216 al cierre de la vigencia 2025.
Falta de resultados en el plan de acción
El documento judicial señala específicamente que "el plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios", al punto de no contener una mejoría en la gestión de la administración. Además, no se observa el cumplimiento de las acciones de mejora que originalmente dieron lugar a la intervención, lo que incluso hubiese justificado su continuidad bajo otras circunstancias.
La medida cautelar suspendió específicamente dos resoluciones clave:
- La resolución mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud dispuso la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a COOSALUD EPS S.A.
- La resolución emitida el 21 de noviembre de 2025, que prorrogó la medida de intervención por el término de un año
Órdenes complementarias del tribunal
Además de la suspensión de las resoluciones, el tribunal ordenó a la Contraloría y la Procuraduría realizar un acompañamiento integral que incluya:
- Vigilancia administrativa de la EPS
- Supervisión financiera de los recursos
- Acompañamiento técnico en la gestión
Es importante destacar que la medida cautelar no implica una decisión de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos, sino que se realiza "de cara a la necesidad de amparo cautelar del derecho colectivo sujeto de la presunta amenaza o afectación", según se especifica en el documento judicial.
Esta decisión se produce en un contexto donde la Procuraduría ya había suspendido por tres meses al interventor de Coosalud EPS y abierto una investigación por posibles irregularidades, lo que refuerza las preocupaciones sobre la gestión durante el periodo de intervención.
