Consenso histórico: UPC insuficiente y múltiples responsables en crisis de salud
En una sesión técnica convocada por la Corte Constitucional, los principales entes de control del país alcanzaron un acuerdo histórico: la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente y existen responsabilidades compartidas entre todos los actores del sistema de salud colombiano. Este encuentro, presidido por el alto tribunal, reunió a representantes de la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Ministro de Salud defiende postura gubernamental
Durante su intervención de más de media hora, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en que el detonante principal de la crisis radica en el mal manejo de recursos por parte de los operadores privados. Sin embargo, los entes de control presentaron evidencias contundentes que contradicen parcialmente esta posición oficial.
Hallazgos preocupantes de los organismos de control
Edilma Suárez, representante de la Superintendencia Nacional de Salud, reveló un hallazgo alarmante: "Hemos encontrado EPS que argumentan insuficiencia de la UPC, pero contratan con la red pública hospitalaria usando tarifas de 2022". Esta práctica, calificada como "absolutamente inadmisible", perjudica directamente a los hospitales públicos y, por ende, a los pacientes.
Por su parte, el contralor delegado para el sector Salud, Édgar Julián Niño, destacó que más del 89% de las EPS no cumple con los requisitos financieros mínimos exigidos por la normatividad vigente. "Esto compromete seriamente la sostenibilidad del sistema y pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud", advirtió el funcionario.
Deuda acumulada y desvío de recursos
La situación se agrava con el deterioro del flujo de recursos hacia los prestadores. Para finales de 2024, se estimaba una deuda acumulada de las EPS cercana a los 32,9 billones de pesos, cifra que representa un riesgo crítico para hospitales, IPS y proveedores.
El fiscal delegado Jairo Alberto Giraldo enumeró casos concretos de defraudación:
- IPS fachada utilizadas por EPS para apropiarse de recursos
- Cobro al SOAT por tratamientos a pacientes fantasma
- Alteración de historias clínicas para facturar atenciones nunca prestadas
"Las EPS no han reportado a sus usuarios fallecidos, lo que les ha permitido seguir recibiendo recursos", denunció Giraldo, quien aseguró que este modus operandi afecta tanto a operadores privados como públicos.
Aumento de tutelas y llamado a reforma estructural
La Defensoría del Pueblo, a través de su delegada en Salud Claudia Patricia Vaca, presentó una radiografía preocupante: las tutelas por salud aumentaron 34% en el último año, siendo el acceso a medicamentos el reclamo más frecuente.
"La discusión de la suficiencia de la UPC es necesaria, pero es preciso ampliar la discusión constitucional sobre la responsabilidad de todos los actores", señaló Vaca, quien abogó por una reforma con gobernanza territorial que garantice transparencia.
Conclusión unánime: recalcular la UPC
Pese a las diferencias en el diagnóstico de causas, todos los entes de control coincidieron en un punto crucial: urge recalcular la UPC con base en variables técnicas y la realidad actual del sistema. La Procuraduría Delegada, representada por Mónica Andrea Ulloa, solicitó informes detallados para corregir deficiencias en los sistemas de información y metodologías de cálculo.
Este consenso entre organismos de control marca un punto de inflexión en el debate sobre la crisis del sistema de salud colombiano, estableciendo responsabilidades compartidas pero reconociendo la insuficiencia estructural de la tarifa que financia la atención médica de millones de colombianos.
