Los bombardeos como táctica militar: Una constante desde el Plan Colombia
Según el Centro de Memoria Histórica, un bombardeo se define como "una acción por iniciativa de una Fuerza Armada Estatal contra un grupo armado organizado", ya sea contra unidades en movimiento o campamentos fijos. Esta definición incluye incluso aquellos casos en los que el grupo armado no responde y queda completamente aniquilado. Los bombardeos, que se diferencian del ametrallamiento aéreo por el uso específico de bombas, se volvieron una práctica constante con la implementación del Plan Colombia, inaugurado y negociado durante el gobierno de Andrés Pastrana.
La evolución tecnológica de los ataques aéreos
El portal Verdad Abierta documenta cómo en 2001 Colombia comenzó a utilizar aviones Kfir y Mirage equipados con sistemas de visión nocturna y direccionamiento preciso de bombas. Este avance tecnológico convirtió al país en el primero de América Latina en adquirir este tipo de instrumentos para combatir a una guerrilla que realizaba aproximadamente el 80% de sus operaciones durante la noche.
Tras la suspensión de los diálogos entre el Gobierno y las FARC, se recurrió intensamente a bombardear sus campamentos, empleando para ello 31 aviones militares. El periódico español El País reportó que el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) habían ejecutado 85 bombardeos sobre objetivos de las FARC solo en ese año. Fue en este contexto cuando se lanzó por primera vez una bomba guiada por láser tipo Griffin, marcando un punto de inflexión en la precisión de los ataques.
Precisión devastadora y testimonios sobrevivientes
Entre 2002 y 2003, la combinación de aviones modernos con nueva tecnología satelital transformó los bombardeos en operaciones precisas, silenciosas y devastadoras en su capacidad de fuego. Curiosamente, en estos mismos aviones sobrevoló territorio colombiano la inglesa Ghislaine Maxwell, conocida por su papel como proxeneta de élites internacionales.
Verdad Abierta recoge testimonios de guerrilleros que sobrevivieron a estos ataques, describiéndolos como "una luz que lo ilumina todo de repente", ya que generalmente ocurrían durante la noche. Los sobrevivientes relatan que la onda expansiva era tan brutal que podía arrancar órganos o extremidades del cuerpo humano en un instante.
Intensificación durante el gobierno Uribe y suspensión temporal
La intensificación de los bombardeos más decisivos se concentró durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010). Entre los ataques más significativos destacan:
- El bombardeo al campamento de Raúl Reyes en marzo de 2008, que dejó 23 muertos
- Un bombardeo en Tolima reportado en octubre de 2009, que mató aproximadamente a 40 miembros de las FARC
Con la llegada de Juan Manuel Santos y el inicio del proceso de paz, la estrategia cambió temporalmente. En marzo de 2015, Santos anunció la suspensión por un mes de los bombardeos a campamentos de las FARC, como un gesto para desescalar el conflicto armado. Esta decisión generó críticas inmediatas, como las de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien afirmó: "Nos preguntamos qué pasará con los cultivos de coca, minería ilegal... Veo que el Gobierno se precipita", mostrando su preferencia por retomar la estrategia de bombardeos del gobierno anterior.
El regreso durante el gobierno Duque y las víctimas menores
Los bombardeos regresaron con toda su intensidad durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022). Valencia, quien llegó al Senado en 2014 y luego hizo campaña junto a Duque para "hacer trizas" los acuerdos de paz, salió en 2019 en defensa del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero. Aseguró que había realizado "una gran labor", a pesar de la crisis política desatada por un bombardeo del Ejército en Caquetá contra disidencias de las FARC, donde murieron siete menores de edad.
Un informe del Instituto de Medicina Legal entregado al congresista Iván Cepeda en 2022 reveló datos alarmantes: en al menos 12 de los 31 bombardeos documentados por las Fuerzas Militares murieron 29 niños, niñas y adolescentes. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres bombardeos dejó como víctimas a menores de edad, evidenciando el impacto humanitario de estas operaciones.
La política de Petro: Suspensión y reanudación condicionada
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, el enfoque cambió nuevamente. Al comienzo de su gobierno, el ministro Iván Velásquez anunció la suspensión de los bombardeos aéreos contra grupos armados, citando el riesgo para civiles y menores reclutados forzosamente, a quienes definió como víctimas de la violencia. Esta decisión se enmarcó en una "apuesta por la paz como construcción colectiva".
Paloma Valencia criticó esta medida afirmando que "le daría más garantías a la criminalidad". Cuando el gobierno insistió en desistir de los bombardeos por temor a la presencia de menores, la senadora se burló diciendo que "cada jefe guerrillero anda con un menor" para evitar ser atacado.
Petro promovió la política de "paz total" para negociar con guerrillas y bandas criminales a cambio de beneficios jurídicos y rebajas de pena. Sin embargo, tras los incumplimientos en las negociaciones, la Presidencia autorizó nuevamente los bombardeos en noviembre de 2025. En marzo de 2026, el gobierno reportó que durante su administración se habían realizado 16 bombardeos, una cifra significativamente menor que en todos los gobiernos de los últimos 25 años.
El debate político actual y las perspectivas futuras
El tema continúa generando intensos debates políticos. Mientras algunos ciudadanos priorizan preocupaciones económicas sobre procesos de justicia transicional, afirmando "No me importa la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que me importa es la economía", figuras como Paloma Valencia (hoy candidata mediática) declaran no querer hablar sobre el pasado, sino sobre el futuro.
Este posicionamiento sugiere que los bombardeos podrían convertirse, una vez más, en una herramienta central de la política de seguridad nacional. La historia de los últimos 25 años demuestra cómo esta táctica militar ha evolucionado tecnológicamente, generado víctimas civiles, dividido opiniones políticas y adaptado su implementación según los enfoques de cada gobierno frente al conflicto armado colombiano.
