Cuatro años de dolor y justicia pendiente en Santander
Este viernes se cumplen cuatro años del trágico accidente que cobró la vida de seis menores de edad cuando un vehículo escolar rodó a un abismo en zona rural de San Andrés, Santander. Las familias de las víctimas continúan reclamando justicia mientras el proceso judicial avanza lentamente.
El fatídico día que cambió vidas para siempre
Cerca de la 1:45 p.m. del 22 de marzo de 2022, un autobús escolar que transportaba 22 niños y un adulto perdió el control en el Alto de San Pedro, frente a la Laguna de Ortices, en el municipio de San Andrés. El vehículo, de placa SRY934, cubría la ruta del Instituto Agrícola Laguna de Ortices hacia el municipio de San Andrés, llevando a los estudiantes de regreso a sus hogares.
Tras caer aproximadamente 200 metros, el accidente dejó un saldo devastador: cuatro niños y dos niñas, todos estudiantes del mencionado colegio, perdieron la vida. El resto de ocupantes, incluido el conductor, resultaron heridos, algunos con lesiones de gravedad que requirieron atención médica especializada.
Los sueños truncados de seis pequeños
Yurley, Esneider, Julián, Aldair, Erick y Damaris fueron los seis niños cuyas vidas se apagaron en este trágico suceso. Cada uno de ellos llevaba consigo sueños y aspiraciones que nunca podrán cumplirse.
Yuly Estefany Pedraza, de 13 años, cursaba octavo grado y soñaba con convertirse en modelo profesional. Su madre, Leidi Yulied Jaimes, relata con dolor: "Desde ese día mi vida dio un giro inesperado. Soy madre de otra niña y por ella sigo luchando, pero las fuerzas ya no son las mismas desde que perdí a mi niña".
Esneider Mauricio Jerez, también de 13 años, era hijo único y aspiraba a ser ingeniero de petróleos. Su padre, Marco Tulio Jerez, expresa: "Yo no tuve padre ni madre. Fui criado a la voluntad de los buenos corazones y me esforzaba para que mi hijo cumpliera su meta".
Damaris Cáceres soñaba con servir como policía y era la menor de su hogar. Su hermana Karen recuerda: "Era risueña, amable, consentida. Siempre hablábamos de cómo podíamos juntar los recursos para que ella entrara a ser uniformada".
El lento camino de la justicia
La investigación judicial ha revelado hechos preocupantes. Se determinó que el bus, un Chevrolet modelo 1998 con placas SRY 939, "no contaba con el debido aseguramiento para la cobertura de la responsabilidad civil" al momento del accidente.
Jaime Osorio Castellanos, conductor del vehículo siniestrado, fue condenado a 90 meses de prisión domiciliaria por homicidio culposo. Sin embargo, familiares de las víctimas aseguran que "él anda por ahí con su moto para arriba y para abajo. Lo han visto en San Andrés, en Málaga y nunca cumpliendo su pena".
En febrero de 2022, el entonces alcalde de San Andrés, Rosemberg Rojas, fue citado a audiencia de imputación de cargos por la Fiscalía por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica.
La demanda administrativa en primera instancia concluyó declarando "administrativa, solidaria y patrimonialmente responsables al municipio de San Andrés, a la empresa de Transporte Especializado de Los Andes – La TEA S.A. y al señor Jaime Osorio Castellanos" por los perjuicios ocasionados.
No obstante, al Departamento de Santander y a la compañía Aseguradora Solidaria se les excluyó de la condena, decisión que ha sido apelada y se encuentra en trámite ante el Tribunal Administrativo de Santander.
Las familias exigen respuestas claras
Leidi Yulied Jaimes, madre de una de las pequeñas fallecidas, afirma con frustración: "A los padres de los niños no nos han llamado a informarnos más en qué va el proceso judicial. Necesitamos respuestas claras y que este hecho no quede impune".
Karen Cáceres, hermana de Damaris, revela una situación preocupante: "Algunos padres optaron por conciliar y recibir dinero a cambio de retirar los cargos. Nosotros decidimos no aceptar y continuar hasta el final".
Marco Tulio Jerez, padre de Esneider, cuestiona duramente: "Sabiendo que eran niños los que se transportaban, no entendemos cómo legalizaron un vehículo en malas condiciones, fuera de servicio y hacerlo pasar como bueno. El Estado debe responder".
La batalla por salvar vidas
Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó 12 ambulancias, siete médicos, dos enfermeros y 14 auxiliares de enfermería para atender a los heridos.
Un total de 17 niños fueron trasladados inicialmente al Hospital San José de San Andrés, donde uno falleció durante la atención médica. Posteriormente, 14 menores fueron remitidos al Hospital Regional García Rovira de Málaga y dos al Hospital Internacional de Colombia de Piedecuesta con fracturas nasales complejas.
Se instaló un Puesto de Mando Unificado y se solicitó un avión medicalizado para trasladar a una niña con trauma craneoencefálico severo desde Málaga hasta Bucaramanga. Días después del accidente, las 16 personas sobrevivientes fueron dadas de alta tras cirugías y estancias en Unidades de Cuidado Intensivo.
Como consecuencia inmediata de la tragedia, se suspendió indefinidamente el servicio de transporte escolar en el municipio, medida que permanece vigente mientras las familias esperan la decisión en segunda instancia del proceso judicial.
Cuatro años después, el dolor permanece vivo en San Andrés, y las preguntas sobre responsabilidades y justicia completa siguen sin respuesta definitiva para quienes perdieron a sus seres queridos en uno de los accidentes escolares más trágicos de la historia reciente de Santander.
