Exmilitares desnudan en la JEP la maquinaria criminal del Batallón 79 bajo mando de coronel retirado
La segunda sesión del juicio adversarial que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz contra el coronel en retiro David Herley Guzmán Ramírez ha dejado al descubierto el horror sistemático que caracterizó al Batallón Contraguerrilla 79 durante su mando. Testimonios de exoficiales revelan una unidad militar transformada en banda criminal dedicada a torturar y asesinar civiles, incluyendo menores de edad, para presentarlos falsamente como guerrilleros muertos en combate.
El caso emblemático de Seneida: una niña de 13 años ejecutada
El relato más estremecedor corresponde a los eventos del 13 al 15 de julio de 2004, cuando Seneida, una adolescente de apenas 13 años, fue detenida en un retén militar en la vía Dabeiba-Uramita. Según el testimonio del exteniente Yimmy León Pulido, la menor fue identificada por un detenido como guerrillera, lo que desencadenó una cadena de eventos criminales.
"La orden es desplazarnos hasta ese punto y dar el resultado operacional de matar a esas personas", declaró ante la JEP el exteniente Manuel Antonio Quintero Flórez, quien recibió directamente la instrucción del mayor Guzmán Ramírez. La orden específica fue trasladar a Seneida y a otros dos detenidos -Diofanor Guisao (17 años) e Isidoro Cardona (21)- a la finca Tamarindales y ejecutarlos.
La ejecución en Tamarindales y la fabricación de pruebas
En las primeras horas del 15 de julio, los militares cumplieron la orden. Mientras Guisao y Cardona murieron rápidamente, Seneida resistió y tuvo que ser rematada. Los testigos relataron que la niña pronunció una última palabra: "Juancho". Posteriormente, los cuerpos fueron uniformados, armados y fotografiados para fabricar un falso reporte de combate.
Quintero redactó personalmente el informe que describía un enfrentamiento inexistente con el frente 5 de las FARC en la vereda Culantrillales de Dabeiba, donde supuestamente se "hallaron tres bandidos dados de baja". Esta práctica sistemática de presentar civiles asesinados como bajas en combate constituye el núcleo de los llamados "falsos positivos" investigados por la JEP.
La conspiración del silencio y los intentos de encubrimiento
Tras los asesinatos, Guzmán Ramírez organizó reuniones para asegurar la coherencia de las versiones entre los participantes. Años después, cuando Quintero ya estaba condenado a 35 años de prisión, el coronel retirado lo visitó en el Batallón de Puente Aranda en Bogotá con un claro objetivo: asegurar su silencio.
"La orientación de Guzmán era que mantuviera por fuera la responsabilidad de él dentro de la operación", precisó Quintero en su testimonio. El pago por este silencio fue de 300 mil pesos y una loción para hombre, según reveló el exmilitar antes de decidir romper su pacto de omisión y contar la verdad completa.
Prácticas de tortura sistemáticas: "el bolsazo"
El exmilitar Edwin Alberto Cardona Arias, quien también declaró en la sesión del jueves, corroboró los detalles de los asesinatos y reveló una práctica de tortura institucionalizada conocida como "el bolsazo". Esta técnica consistía en cubrir la cabeza de los detenidos con bolsas plásticas para asfixiarlos y presionarlos hasta que dijeran lo que los militares querían escuchar.
Estas revelaciones confirman que el Batallón Contraguerrilla 79 operaba bajo un protocolo criminal establecido durante el periodo de Guzmán Ramírez al mando, entre agosto de 2004 y noviembre de 2005, en los municipios antioqueños de Ituango y Dabeiba.
El contexto del caso en la JEP
El expediente de Guzmán Ramírez forma parte del caso 03 de la JEP, que investiga específicamente asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. En diciembre de 2024, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP presentó cargos contra el exoficial por su presunta participación en:
- Homicidios contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario
- Desapariciones forzadas
- Tratos crueles, humillantes y degradantes contra población civil
La mayoría de las víctimas identificadas preliminarmente por expertos de la JEP fueron exhumadas de cementerios de Ituango y Dabeiba, particularmente del cementerio Las Mercedes, desmontando la narrativa oficial de muertes en combate.
Estos testimonios representan un punto de inflexión en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, exponiendo la sistematicidad de crímenes que durante años fueron negados o minimizados por las estructuras de mando del Ejército Nacional.
