Fiscalía solicita reactivación de órdenes de captura contra disidentes de 'Calarcá'
La Fiscalía General de la Nación ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro solicitando la revocación de la designación como miembros representantes de las disidencias del Frente 33, adscrito al Bloque Magdalena Medio 'Comandante Gentil Duarte', de los alias Andrey Avendaño, Richard y Jhon Mechas. En consecuencia, el ente acusador pide reactivar las órdenes de captura que habían sido suspendidas en el marco de los diálogos de paz que no han arrojado resultados concretos.
El giro en la situación de paz
La petición se sustenta en un cambio fundamental en el escenario regional. Para la Fiscalía, la supuesta voluntad de paz que justificó la suspensión de las órdenes de captura "se ha esfumado". Según el documento oficial, ni la conducta de los beneficiarios refleja un compromiso real con la convivencia pacífica, ni la situación humanitaria en el Catatumbo ha mejorado. Por el contrario, se advierte un deterioro que ya alcanza niveles de crisis humanitaria.
Los tres señalados —identificados como Carlos Eduardo García Téllez, Farby Edison Parra Parra y Javier Alonso Veloza García— habían sido reconocidos como representantes mediante resoluciones presidenciales expedidas en junio y julio de 2024. Posteriormente, sus órdenes de captura fueron suspendidas por solicitud del Gobierno, a través de decisiones adoptadas entre agosto de 2024 y enero de 2025, con el argumento de facilitar los acercamientos de paz.
El recrudecimiento de la violencia
La Fiscalía ubica el punto de quiebre en el recrudecimiento de la violencia desde el 15 de enero de 2026, fenómeno que llevó al Ejecutivo a declarar el estado de conmoción interior. En ese escenario, el Grupo de Tareas Especiales del ente acusador consolidó un informe, fechado el 19 de enero, que describe una región sumida en una confrontación abierta entre el Frente 33 de las disidencias de Caracá y el ELN, con control territorial disputado "metro a metro".
Entre el 16 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026 se documentaron 180 homicidios, de los cuales 135 corresponden a civiles, incluidos cinco menores de edad. También se reportan asesinatos de firmantes de paz, líderes sociales y miembros de la Fuerza Pública, además de 47 tentativas de homicidio. A esto se suman:
- 51 casos de reclutamiento ilícito de menores
- Activación de 56 mecanismos de búsqueda urgente por desaparición
- Confinamiento de al menos 800 personas en el corregimiento de Filogringo, en El Tarra
Hechos que desvirtúan el propósito de paz
El informe también detalla hechos específicos que, a juicio de la Fiscalía, desvirtúan cualquier propósito de paz. Entre ellos, el triple homicidio ocurrido en enero de 2025 contra un trabajador funerario, su esposa y su hija de seis meses. Asimismo, documenta el uso de drones cargados con explosivos en ataques contra poblaciones de Tibú y El Tarra, lo que provocó desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades indígenas.
Ese componente tecnológico ocupa un lugar central en la advertencia del ente investigador. Según el dosier, el Frente 33 ha evolucionado hacia una "guerra asimétrica de alta precisión", incorporando aeronaves no tripuladas de origen extranjero, dotadas con sensores de calor, inteligencia artificial y capacidad de vuelo silencioso. Este fortalecimiento, sumado a la llegada de refuerzos desde otras estructuras disidentes, evidenciaría un proceso de rearme y expansión, en contravía de los compromisos de desescalamiento.
Avances judiciales y alertas de derechos humanos
A la par, la Fiscalía reseña avances judiciales que, según sostiene, prueban la continuidad de la actividad criminal. Entre ellos, imputaciones a cabecillas, solicitudes de órdenes de captura por homicidios de líderes sociales y medidas de aseguramiento contra autores materiales de esos crímenes, adoptadas a lo largo de 2025.
El diagnóstico coincide con las alertas de la Defensoría del Pueblo. En su informe más reciente sobre el Catatumbo, el organismo advierte que la confrontación entre el ELN y el Frente 33 ha desencadenado una grave crisis de derechos humanos. El documento señala que más de 101.000 personas han sido desplazadas —cerca del 27% de la población de la región—, miles han sufrido confinamiento y varios miles más han cruzado hacia Venezuela.
"El Frente 33 persiste en su actividad de guerra al ampliar su arsenal con drones con los cuales fortalece y amplía sus posiciones en terreno, al disputar el territorio con ELN colocando en el centro de dicha confrontación a la población civil y seguir realizando acciones en su contra, entre otras, homicidios en persona protegida, no merecen mantener el privilegio de la suspensión de las órdenes de captura que benefician a sus miembros representantes en los diálogos de paz", dice la carta de la Fiscalía.
La decisión ahora queda en manos del Gobierno, que deberá definir si mantiene los beneficios otorgados en función de la negociación o si acoge la solicitud del ente acusador, en un momento en que la promesa de paz en el Catatumbo vuelve a enfrentarse con la realidad de la guerra.
