El sistema de fotodetección en Cali ha generado controversia por recaudar cerca de 26.000 millones de pesos en 2025, sin que se traduzca en mejoras visibles en la malla vial. Durante la segunda jornada de control político a la empresa EnRuta en el Concejo Distrital, varios cabildantes cuestionaron el enfoque sancionatorio del modelo y pidieron mayor inversión en infraestructura y pedagogía vial.
Críticas al modelo de recaudo
El concejal James Junior Agudelo Arévalo señaló que muchos caleños están molestos porque las vías y semáforos están en mal estado, lo que genera rechazo a las fotomultas. "Si todas las vías estuvieran buenas, las fotomultas no serían un problema", afirmó. Por su parte, Fabio Alonso Arroyave cuestionó la falta de pluralidad en el convenio, mientras que María del Carmen Londoño calificó el modelo como un "negocio altamente lucrativo".
Datos del debate
Según información presentada, en 2025 se generaron cerca de 26.000 millones de pesos, con utilidades netas que generan dudas sobre su reinversión en seguridad vial. Además, se denunció que las cámaras se concentran en zonas de alto recaudo, como la comuna 19, y no en los puntos de mayor accidentalidad. La tasa de recuperación de multas es solo del 40 %, lo que cuestiona el impacto disuasorio del sistema.
Impacto social y demandas
El concejal Edinson Alberto Giraldo advirtió que las fotomultas afectan desproporcionadamente a motociclistas y trabajadores que dependen de su vehículo. Las principales demandas de los concejales son: priorizar la pedagogía vial sobre la sanción económica, mayor articulación entre EnRuta y la Secretaría de Infraestructura para reparar vías, y la revisión del convenio que rige el sistema, que suma casi tres décadas sin modificaciones estructurales.
Defensa de EnRuta
Diana Carolina Reina Cardona, gerente de EnRuta, defendió la naturaleza pública de la entidad (93.3 % estatal) y aclaró que el pago al socio privado por fotodetección fue del 8.4 % en 2025. Informó que se adelanta un proceso arbitral para revisar los porcentajes del contrato y recuperar más recursos. Las utilidades netas, estimadas en 6.000 millones, se distribuyen entre la Alcaldía, la Gobernación y el Ministerio de Transporte, y se destinan a programas de cultura vial y modernización tecnológica.
