Procuraduría investiga contrato millonario para cámaras de seguridad en Bogotá
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, por presuntas irregularidades en un contrato superior a los $14.000 millones destinado a fortalecer el sistema de videovigilancia en la capital colombiana.
Contrato con fallas desde su concepción
El proceso se centra en el contrato SCJ-1904-2023, suscrito con el Consorcio LPR SCC 2024, cuyo objetivo era adquirir e instalar 200 cámaras para reconocimiento de placas vehiculares (LPR) que permitieran recolectar material probatorio para fines policiales y judiciales. Aunque los equipos fueron entregados en julio del año pasado con fecha de instalación prevista para el 5 de agosto, ese plazo inicial se incumplió y la implementación ha avanzado lentamente.
El proyecto contemplaba la distribución de cámaras en 19 localidades de Bogotá:
- Kennedy (25 cámaras)
- Fontibón (19 cámaras)
- Usaquén (18 cámaras)
- Engativá (17 cámaras)
- Suba (17 cámaras)
- Tunjuelito (15 cámaras)
- Bosa (12 cámaras)
- Los Mártires (12 cámaras)
- Puente Aranda (10 cámaras)
- Barrios Unidos (10 cámaras)
- Teusaquillo (10 cámaras)
- Usme (8 cámaras)
- Rafael Uribe Uribe (8 cámaras)
- Santa Fe (5 cámaras)
- Antonio Nariño (4 cámaras)
- Ciudad Bolívar (4 cámaras)
- San Cristóbal (4 cámaras)
- La Candelaria (1 cámara)
- Chapinero (1 cámara)
Problemas de planeación y ejecución
Mediante un derecho de petición, la concejal Diana Diago del Centro Democrático cuestionó la demora en la instalación. El Distrito respondió que "las evaluaciones de factibilidad para la energización han revelado que las distancias necesarias para instalar las acometidas eléctricas son mayores de lo previsto". Según Diago, esto evidencia una planeación deficiente del contrato, ya que no se anticiparon adecuadamente los requerimientos de infraestructura para conectividad.
Adicionalmente, la instalación se ha visto afectada por obras de infraestructura como la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 y el viaducto de la Línea 1 del Metro. El secretario de Seguridad, César Restrepo, reconoció que "de las 200 LPR, están instaladas 70 y las otras no se han podido instalar, porque a quien firmó el contrato se le olvidó que había que pagar obras adicionales, como el cambio de ubicación de las cámaras".
Deficiencias identificadas por la Procuraduría
Según el análisis preliminar del Ministerio Público, el contrato por más de $14.300 millones presentó deficiencias desde su etapa inicial. Entre los problemas identificados se encuentran:
- Falta de claridad en los sitios específicos para instalación de cámaras
- Ausencia de acometidas eléctricas en algunos puntos designados
- Dificultades en la gestión de permisos para intervenir el espacio público
- Fallas en la estimación de tiempos de ejecución
Estas situaciones habrían generado retrasos, suspensiones y prórrogas, afectando la ejecución del proyecto y su objetivo principal de reforzar la seguridad en Bogotá.
Funcionarios investigados
La investigación incluye a funcionarios de dos administraciones distritales:
De la administración anterior:
- Óscar Antonio Gómez Heredia, exsecretario de Seguridad
- Diana Carolina Zárate Pérez, exdirectora técnica de la Secretaría
- Helga Milena Hernández Reyes, exsubsecretaria de inversiones
- Sandra Milena Santafé Patiño, exdirectora de operaciones para el fortalecimiento
- Jairo Alonso Bohórquez Blanco, exfuncionario especializado de la Dirección de tecnologías
De la administración actual:
- César Andrés Restrepo Flórez, secretario de Seguridad
- Ada Luz Sandoval Herazo, jefe de la oficina C4
- Iván Hersayn Pinilla Herrera, director de Tecnologías y Sistemas de la Información
Avance de la investigación y estado actual
La Procuraduría ordenó recoger pruebas técnicas y documentos con apoyo de un equipo especializado para determinar si los problemas del contrato eran previsibles desde la planeación y establecer responsabilidades. Además, anunció que enviará copias del caso para abrir una investigación separada sobre posibles irregularidades en la ejecución.
Según Patricia Rodríguez, asesora jurídica de la Secretaría de Seguridad, "los principales cuestionamientos de los entes de control se han centrado en la etapa de planeación, que se dio en la pasada administración". Sin embargo, como la ejecución correspondió a la actual administración, varios funcionarios están siendo investigados. "Al actual secretario se le vincula, porque llegó y le tocó la etapa de ejecución, bajo unas condiciones que han hecho complejo el proceso", explicó.
Desde la entrega de los equipos el año pasado, se han realizado prórrogas, obras y ajustes que han permitido la instalación de 80 cámaras. La última prórroga se extendió hasta el 27 de abril, fecha en la que se espera tener todas las cámaras instaladas.
El proceso se encuentra en etapa preliminar y busca determinar si hubo fallas que comprometieran la eficiencia de una de las apuestas clave en materia de seguridad para la capital colombiana.
