Procuraduría inicia investigación por contrato de brazaletes electrónicos
La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Gregorio Eljach, ha iniciado este 4 de marzo una indagación previa contra funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Esta decisión busca esclarecer presuntas faltas disciplinarias vinculadas al contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo para personas privadas de la libertad, adjudicado a la Unión Temporal Utefectiva.
Origen de la investigación
El caso se originó a partir de una queja que alertaba sobre la adjudicación "a dedo" del contrato suscrito en 2025. Según la denuncia, se habría ocultado información sobre fallas técnicas y operativas por parte de algunos funcionarios de la Uspec y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Irregularidades detectadas
El órgano de control ha señalado que en el contrato se realizaron pagos irregulares de la empresa Prepacol por aproximadamente COP 1.500 millones, aparentemente sin cumplir lo acordado. Además, se investigan posibles conflictos de interés relacionados con la interventoría del proyecto.
Pruebas y procedimientos
La Procuraduría ha ordenado la práctica de pruebas para identificar a los posibles responsables y verificar supuestas irregularidades, como la manipulación de informes. El objetivo es determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias graves que ameriten sanciones.
Antecedentes del caso
En septiembre de 2026, la Contraloría General inició una auditoría a la Uspec debido a la reiterada contratación con la empresa Buddi Limited Colombia. Esta empresa había ofrecido servicios de brazaletes electrónicos desde 2019 para personas con prisión domiciliaria. Tras la advertencia del ente de control, la Uspec inició una nueva licitación que actualmente también enfrenta cuestionamientos por su transparencia.
Implicaciones del caso
Esta investigación pone en evidencia las posibles vulnerabilidades en los procesos de contratación pública dentro del sistema penitenciario colombiano. La transparencia en la adjudicación de contratos tecnológicos es crucial para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de monitoreo y la seguridad pública.
Las autoridades continúan recopilando evidencia para establecer responsabilidades y asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y conforme a la ley.
